El tema salarial y el sistema de pensiones en el contexto actual de la economía venezolana implican un reto significativo, pero lo primero que se debe poner en valor es que las remuneraciones en el sector privado se han venido incrementando de manera importante en los últimos años.
Es evidente que, aunque la inflación ha mostrado una reducción en el último año, persiste un rezago importante en la capacidad de compra de las remuneraciones, el cual debe ir disminuyendo de manera progresiva y en la medida en que los equilibrios macroeconómicos y los resultados de las empresas lo hagan definitivamente posible.
Está claro que en el sector público se sigue apostando por un sistema de bonos que no incremente el pasivo laboral subyacente. En este momento, tanto el sector público como el sector privado enfrentan limitaciones importantes para aumentar salarios a una mayor velocidad.
Con la reimposición de sanciones estadounidenses al sector petrolero, el escenario fiscal se complica. Es posible que este año los ingresos por concepto de exportaciones de hidrocarburos caigan en alrededor de 1.500 millones de dólares.
En Banca y Negocios coinciden con analistas que sostienen que 2024 terminará con una inflación reducida y un crecimiento económico que podría estar entre 3 % y 5 %. El panorama para 2025 será, posiblemente, más complejo, en función del escenario político que se dibuje tras las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio; sin duda, una fecha clave.
Aparte de los anuncios salariales, el Gobierno ha propuesto una Ley de Protección de Pensiones que impone una contribución especial de 15 % del costo de la nómina integral de las empresas para alimentar un fondo de previsión social que, en principio, ya existe en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
¿Qué mensaje se envía con la creación de esta nueva contribución?
El primero es que el Estado ya no está en condiciones de sostener con ingresos públicos un régimen previsional sustentable y necesita, por tanto, del concurso del sector privado, que ya se produce a través de las cotizaciones que las empresas deberían pagar al IVSS.
El problema es que, como resultado de la enorme crisis que el país ha padecido, el mercado laboral, además de precarizado, se ha hecho más informal, entre otras razones porque la voracidad de la inflación padecida en años anteriores pulverizó el valor de las prestaciones y pensiones, tanto o más como lo hizo con los salarios.
En consecuencia, el trabajador prefiere que el costo de nómina en el que incurre su empleador se dirija fundamentalmente a la cobertura de necesidades de corto plazo. El ahorro previsional en Venezuela es un lujo.
¿Se rescatará el sistema previsional con esta contribución?
Posiblemente, este fondo permita hacer un incremento muy moderado de las pensiones con un alto costo para las empresas, pero en ningún caso permitirá rescatar integralmente el sistema previsional, y menos en un entorno de ingresos fiscales limitados.
La solución está en una reforma integral del mercado laboral, debidamente concertada entre los actores sindicales, empresariales y gubernamentales, que conduzca a cambios legales que flexibilicen las relaciones de trabajo -sin dejar de resguardar derechos laborales fundamentales- y permitan crear de manera progresiva y ordenada un sistema previsional que incentive el ahorro.
Ya que el Gobierno ha mostrado interés en el desarrollo del mercado de valores, por qué no crear fondos de pensiones que puedan invertir en activos rentables, con niveles de riesgo bajos, que, en principio, podrían ser voluntarios, acordados libremente entre patronos y trabajadores, en función de que comience a formarse una masa de recursos que nutra al mercado y, a la vez, permita un crecimiento sostenible de los fondos de los trabajadores.
Baja adquisición de los pensionados
La verdad es que una de las lecciones que ha dejado la profunda crisis que los venezolanos hemos enfrentado es la conciencia de la vulnerabilidad del Estado como gran proveedor de bienestar social.
Si, efectivamente se pagan pensiones a más de 5,5 millones de venezolanos, pero es evidente que el poder adquisitivo de estos beneficios es prácticamente nulo.
Da la impresión, entonces, que se buscan soluciones cortoplacistas que no resuelven el problema de fondo, que es muy serio: millones de venezolanos no tienen recursos para sobrevivir dignamente en su vejez sin que exista un sistema previsional que los apoye.
La situación es seria, porque la estructura demográfica del país está cambiando a la luz de fenómenos como la migración -tanto externa como interna-, una mayor expectativa de vida en ciertos segmentos poblacionales, el deterioro del sistema salud, la mala calidad de los servicios públicos, entre otros factores.
Estos cambios plantean retos muy grandes para un sistema previsional precario e insuficiente, más allá de su mayor o menor cobertura.
No se trata de que la contribución aprobada no sea necesaria. Posiblemente adoptarla como una medida de carácter temporal y como preámbulo a una reforma integral del sistema previsional sería positivo, pero, en realidad, lo que se está haciendo es cargar con un nuevo tributo a un sector empresarial ya suficientemente presionado por el peso de una tributación excesiva.
Con información de Banca y Negocios
