El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se designaron tres fiscales con competencia nacional para investigar a tres funcionarios de El Salvador, por la comisión de delitos contra los derechos humanos de los 252 venezolanos secuestrados en la nación centroamericana.
En concreto mencionó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública y Osiris Mesa, director general de centro penales y viceministro de Justicia Seguridad Pública.
Saab hizo un llamado a la Corte Penal Internacional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los organismos correspondientes, “tanto de América como del mundo para que hagan lo mismo, hagan lo propio que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público en Venezuela contra estos tres sujetos y lo que puedan aparecer”.
Precisó que los delitos por lo que serán investigados corresponden a tortura, tratos crueles, tratos inhumanos degradantes, desaparición forzada y asociación para delinquir y añadió que las pesquisas se harán basadas en la Convención contra tortura y otro trato cruel inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desapariciones forzadas y Estatuto de Roma”.
El titular de la acción penal denunció la violación sistemática y masiva de los derechos humanos (DDHH) sufrida por los 252 venezolanos secuestrados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
“Sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes (…) recluidos en celdas inhumanas, sin luz solar, sin ventilación con tratos inhumanos o denigrantes. Permanecían arrodillados por horas en pisos (…) recibían “alimentación a estados de descomposición y agua no potable que les generó enfermedades gástricas” y destacó la violación al debido proceso, “incluyeron interrogatorios sin asistencia legal, prohibición de contacto con familiares”.
En consecuencia responsabilizó al mandatario salvadoreño, Nagib Bukele, por ordenar “cada una de las acciones al margen de los derechos humanos.
Vía Mazo
