A través de un comunicado difundido este lunes, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresó su profunda preocupación por la presencia militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto “de la lucha antidrogas”, en una acción que advierten “compromete gravemente el Estado de Derecho Internacional».
En el documento enviado a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, la asociación señala también que el despliegue estadounidense, además, tiene un impacto directo sobre toda la región del Caribe y América Latina.
“La escalada de acciones unilaterales que, lejos de ajustarse a un marco legal multilateral efectivo, erosionan los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias, pilares fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas”, imprime el comunicado.
Justificación técnica
Argumenta que, bajo la narrativa de la lucha antinarcóticos, lo que se despliega son instrumentos de coerción carentes de «justificación técnica» en lo que en realidad tendría que ser un operativo frente a este flagelo.
Recuerda que Venezuela, según informes técnicos de organismos internacionales como la UNODC, «es prácticamente ajena al narcotráfico, y totalmente libre de producción y cultivo de sustancias ilícitas, mientras EE. UU. resulta el país con mayor consumo de drogas del mundo y el que detenta el mayor flujo de divisas en su sistema financiero fruto de ese negocio criminal”.
Agrega que este despliegue militar, unido al lawfare mediante la oferta de recompensas por jefes de Estado electos, la crueldad de la aplicación delictiva de medidas coercitivas unilaterales que son verdaderas puniciones colectivas, como bien se ha documentado científicamente y por organismos especializados de la ONU, “socava el Estado de derecho y crea un entorno de impunidad, encubrimiento e inestabilidad”.
Políticas de confrontación intimidante
Los juristas destacan también que este tipo de políticas de confrontación intimidante, amenazas constantes y asfixia económica tienen entre otras consecuencias directas y devastadoras: el incremento masivo de la migración y el desplazamiento de la población.
“Este desplazamiento no solo viola el derecho a no ser obligado a emigrar, sino que vulnera también los derechos a la vida, la salud, la integridad familiar y a una existencia digna de millones de personas. En un mundo ya fracturado por la confrontación bélica y el predominio del más violento, convertir a seres humanos en peones de una estrategia geopolítica representa una grave claudicación ética y una violación flagrante del Derecho internacional, que obliga a los Estados a cooperar para garantizar la paz y el bienestar de los pueblos, no a profundizar su sufrimiento”, indica.
Finalmente, expone que, “al denunciar estas injerencias externas, no podemos ni debemos omitir que el derecho internacional de los derechos humanos es indivisible y se aplica a todos por igual»; por tanto, hacen un llamado a que los organismos internacionales actúen firmemente para que cesen las acciones que amenazan en cualquier forma a la población venezolana.
Vía Globovisión
