La República Dominicana ha registrado un número histórico de repatriaciones. Más de 370.000 haitianos indocumentados han sido deportados del país en el último año, consolidando una política migratoria de mano dura impulsada por el Gobierno de Luis Abinader ante la aguda crisis de seguridad y humanitaria que azota a Haití.
A principios de octubre de 2024, el Ejecutivo dominicano estableció el objetivo de repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana para, según argumentan, reducir el exceso de población migrante que presiona a las comunidades dominicanas.
La medida afecta de manera desproporcionada a los haitianos, cuyo país enfrenta una crisis que ha obligado a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares solo en el último año.
Leer también: Tres mexicanos fallecidos al estrellarse avioneta privada en un bosque de Michigan
Denuncias de violaciones y discriminación
A pesar de que las autoridades migratorias aseguran que en todos los operativos se respetan los derechos humanos, organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional (AI) han criticado duramente las prácticas dominicanas.
Las denuncias apuntan a que las políticas no solo afectan a migrantes irregulares, sino también a aquellos que poseen su documentación en regla.
Simón Pérez, coautor del informe «Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana», señaló a EFE que muchos haitianos documentados «son sometidos a los llamados procesos de depuración, en los que se les detiene y se les envía a un centro de detención para la revisión de documentación».
Pérez también expuso una clara discriminación contra la nacionalidad haitiana en comparación con otras comunidades migrantes, como la venezolana: «Hay una sobrerrepresentación, muy grande, de las personas inmigrantes haitianas» en las cifras de deportación.
La magnitud de las deportaciones se refleja en casos como el de Madalena Jean, una mujer que buscó a su nieta de 15 años en el centro de recepción de Haina (cerca de Santo Domingo).
La menor fue detenida y llevada al recinto tras dar a luz, a pesar de que su familia alega que nació en República Dominicana (donde rige el principio del ius sanguinis, nacionalidad por filiación).
Otro punto de controversia es el protocolo vigente en 33 hospitales que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, práctica condenada por organismos internacionales.
Consecuencias fatales
El informe de Simón Pérez también pone de manifiesto la muerte de 54 personas «en el contexto de la represión migratoria», sucesos que en su mayoría «no han sido investigadas, esclarecidas y ni establecidas responsabilidades penales».
Adicionalmente, se advierte sobre un auge del tráfico y la trata de personas provocado por esta situación.
El presidente Luis Abinader, en su discurso ante la reciente Asamblea de la ONU, reafirmó la postura de su país, que avanza en la construcción de un muro en la frontera: «seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional».
El mandatario insiste en que el país caribeño no puede asumir solo la carga de la crisis haitiana.
Con información de Noticias Venevisión
