El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití instó este viernes a las autoridades de la República Dominicana a aplicar «con toda la diligencia y transparencia necesarias» las medidas requeridas en relación con la muerte de una niña haitiana de 11 años durante una excursión escolar.
El CPT lamentó profundamente la situación, vinculándola con los «actos de violencia» y «abusos» que, según el organismo, sufren los migrantes haitianos en el país vecino.
«El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos y familias haitianas o de origen haitiano se hayan visto afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana», afirmó el CPT en un comunicado.
Leer también: EE. UU. y Ucrania: No habrá paz sin un compromiso real de Rusia
Investigación en República Dominicana
La niña falleció el pasado 14 de noviembre en una hacienda en el municipio de Gurabo, en la provincia de Santiago (norte), y las informaciones preliminares sugieren que murió ahogada.
Esta semana, la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) a reforzar las investigaciones sobre el caso.
La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, calificó el suceso de «penoso» y enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos: «Todo el pueblo dominicano necesitamos saber qué fue lo que sucedió».
Contexto de crisis Migratoria y Derechos Humanos
La indignación por este caso ha crecido al ser interpretado como un reflejo de la precaria situación que enfrentan los haitianos en República Dominicana.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han señalado que las políticas migratorias dominicanas están «arraigadas en el racismo», resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos, como la atención médica condicionada al estatus migratorio.
AI también acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia.
En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación «masiva» de haitianos indocumentados, registrándose más de 180.000 deportados en lo que va de año.
El CPT de Haití aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades dominicanas para «establecer la verdad» y «reforzar la protección equitativa de los derechos fundamentales de todos».
Con información de Nueva Prensa Digital