Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han lanzado una advertencia contundente ante la escalada de tensiones regionales. La Policía de Dubái anunció este jueves que aplicará sanciones económicas superiores a los 54.500 dólares y penas de prisión a quienes difundan noticias falsas o contenido no oficial relacionado con los recientes ataques iraníes contra el país.
Prohibición estricta en redes sociales
A través de un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter), el cuerpo de seguridad enfatizó que el control sobre la información es ahora una prioridad de seguridad nacional.
«Está prohibido publicar o difundir rumores, noticias engañosas o cualquier contenido que contradiga lo anunciado oficialmente, o que cause pánico o atente contra la seguridad y el orden público», reza el comunicado.
Leer también: Irán amenaza con acciones «destructivas» contra Estados Unidos e Israel
El incumplimiento de estas normas conlleva una multa mínima de 200.000 dirhams (aprox. 54.460 USD) y severas penas de cárcel, de acuerdo con la legislación vigente sobre ciberdelitos.
Más de 100 arrestos por grabaciones y contenido IA
La medida no es meramente disuasoria. Desde el inicio del conflicto, las autoridades han arrestado a 109 personas de diversas nacionalidades (incluyendo europeos y asiáticos). Según la Policía de Abu Dabi, los cargos principales incluyen:
- Grabación de zonas restringidas: Filmar sitios que han sido blanco de misiles y drones iraníes.
- Uso de Inteligencia Artificial: Difusión de contenido generado por IA para desinformar.
- Interacción digital: La ley estipula que es delito no solo grabar, sino también reenviar o comentar contenidos que perturben la seguridad pública.
Marco legal y consecuencias
La normativa de EAU es una de las más estrictas del mundo en materia digital. Según los expertos legales, cualquier publicación que «incite a la opinión pública» puede ser castigada con hasta dos años de prisión.
Las autoridades instan a los ciudadanos y residentes a informarse exclusivamente a través de los canales estatales para evitar incurrir en delitos que comprometan su estatus legal en el país.
Con información de Notitarde
