A partir del próximo 26 de abril de 2026, entrarán en vigor en El Salvador las polémicas reformas constitucionales que permiten sentenciar a prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años. La medida, oficializada tras su publicación en el Diario Oficial, representa un nuevo endurecimiento en el modelo de seguridad impulsado por la administración de Nayib Bukele.
Alcance de la reforma judicial
La Asamblea Legislativa estableció que la cadena perpetua será aplicable a menores condenados por delitos graves, específicamente:
- Homicidio y Feminicidio.
- Violación.
Para la implementación de esta medida, el Estado salvadoreño modificó el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Orgánica Judicial. Estos cambios transforman los antiguos juzgados de menores en tribunales de lo criminal, permitiendo que los adolescentes sean procesados bajo estándares de justicia para adultos.
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Reacción internacional y preocupación de la ONU
La reforma ha generado un rechazo inmediato de organismos globales. El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF expresaron su «profunda preocupación», recordando que, según los tratados internacionales, la detención de adolescentes debe ser el último recurso y el sistema debe enfocarse en la rehabilitación.
Por su parte, la ONU instó al Gobierno a revisar la normativa por considerarla contraria a las convenciones de derechos humanos. Ante estos llamados, el Ejecutivo ha mantenido silencio, aunque históricamente el presidente Bukele ha cuestionado a los organismos internacionales, acusándolos de priorizar los derechos de los victimarios sobre los de la sociedad.
El contexto del Régimen de Excepción
Estas penas se integran al estado de emergencia vigente desde 2022, el cual ha dejado un saldo de más de 90,000 detenciones. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que:
- Ya existen menores de edad detenidos bajo el régimen actual.
- Se han registrado detenciones arbitrarias sin debido proceso.
- Existe una falta de transparencia en las condiciones de reclusión.
Pese a las críticas, el Gobierno defiende su gestión basándose en la drástica reducción de los índices de homicidio, un factor determinante que otorgó a Bukele la reelección con más del 80% de los votos en febrero pasado. El Salvador se encuentra hoy en un punto de inflexión entre la seguridad pública y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la infancia.
Con información de Noticias al Dia
