En un paso decisivo para la justicia en México, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra el Feminicidio. La iniciativa, que recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas, busca terminar con la disparidad de criterios legales que actualmente dificultan el acceso a la justicia para las mujeres.
La modificación se centra en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, permitiendo que el país cuente con un protocolo unificado para:
- Prevenir agresiones de género con estándares nacionales.
- Investigar bajo una misma metodología técnica y científica.
- Sancionar el delito de manera equitativa en todas las entidades federativas.
Un escudo legal por encima de la política
Para los parlamentarios, esta reforma trasciende la técnica jurídica; representa un compromiso real con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según el dictamen, no se trata solo de un ajuste administrativo, sino de la creación de un «escudo legal» diseñado para proteger a los sectores más vulnerables del sistema judicial actual.
«La lucha contra la violencia de género es una prioridad nacional que supera cualquier diferencia política», coincidieron los diversos grupos parlamentarios durante la sesión.
Enfoque en la prevención y atención a víctimas
El espíritu de la futura Ley General pondrá especial énfasis en la atención digna a las familias. El Estado mexicano asume así la responsabilidad de agilizar los procesos judiciales, buscando que la justicia sea no solo rápida, sino también empática con las víctimas indirectas.
Con este avance, se espera que la nueva legislación se convierta en el motor de una estructura judicial más eficaz, donde la coordinación entre estados elimine las brechas de impunidad que han persistido por décadas.
Con información de VTV
