En una ceremonia marcada por la tensión política y tras más de un mes de un complejo escrutinio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este domingo los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 12 de abril. Con este acto, se confirma que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se disputarán la presidencia en el balotaje del próximo 7 de junio.
De acuerdo con el cómputo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori Higuchi lideró la primera vuelta con el 17,192 % de los votos válidos, seguida por Sánchez Palomino con el 12,039 %. La lectura del acta general estuvo a cargo de la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, en un evento presidido por el titular de la institución, Roberto Burneo, que contó con la presencia de observadores internacionales y representantes de diversas organizaciones políticas.
Un proceso bajo la sombra de la crisis institucional
La proclamación llega tras semanas de alta incertidumbre y cuestionamientos hacia el sistema electoral. La estrecha diferencia entre el segundo y tercer lugar activó recursos legales; entre ellos, la solicitud presentada el 15 de abril por el candidato Rafael López Aliaga para suspender la proclamación del segundo puesto, luego de ser superado en el conteo oficial por Roberto Sánchez.
El balotaje se desarrollará en un escenario de polarización extrema. Diversas fuerzas políticas ya han comenzado a exigir auditorías adicionales, recuento de votos e incluso la remoción de altas autoridades del sistema electoral.
Escándalo logístico y consecuencias judiciales
La legitimidad del proceso se ha visto fuertemente golpeada por severas fallas en la organización de los comicios, bajo la responsabilidad de la ONPE. Investigaciones periodísticas del diario El Comercio revelaron denuncias sobre el extravío de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de sufragio en la vía pública.
A esto se sumaron graves deficiencias en el traslado del material electoral, un problema logístico que impidió el sufragio de más de 50,000 ciudadanos en la jornada dominical y que forzó de manera inédita la reapertura de mesas de votación al día siguiente.
Esta crisis operativa provocó un quiebre institucional el pasado 21 de abril con la renuncia del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien admitió públicamente la existencia de «problemas técnicos y operativos en el despliegue electoral». Actualmente, la situación de Corvetto se ha trasladado al plano judicial: la Fiscalía de la Nación ha solicitado formalmente una orden de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.
Vía El Universal
