Organismos de seguridad del estado Aragua desmantelaron una infraestructura de minería ilegal de criptoactivos que operaba en Maracay con 4.000 equipos de Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC).
El procedimiento se ejecutó bajo las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.
Las instalaciones albergaban en su mayoría dispositivos del modelo Whatsminer M30S de la marca MicroBT, apoyados por sistemas industriales de refrigeración.
Las autoridades indicaron que la granja generaba un consumo estimado de entre 8 y 10 megavatios (MW). Un hogar estándar consume alrededor de 2 kilovatios (kW) en uso normal; por lo tanto, 8 megavatios equivalen a unos 2.000 hogares de alto consumo.
Operación Cazador
La localización de este complejo tecnológico fue el resultado de la «Operación Cazador», un plan de recolección de información e inteligencia implementado por dependencias militares y policiales.
El viceministro de Energía Eléctrica, general de brigada, Vianney Rojas, señaló que la instalación constituía una afectación importante para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). «No solamente por el consumo que ellas tienen (…), sino de la incidencia que estos equipos causan al sistema eléctrico que afecta los equipos de protección», precisó el funcionario.
Este procedimiento responde a la ratificación emitida por el Ministerio de Energía Eléctrica, el pasado 7 de mayo de 2026, mediante la cual se mantiene la prohibición absoluta de la minería de Bitcoin en todo el territorio venezolano.
El Estado ha justificado estas medidas restrictivas debido a la saturación del sector energético, el cual registró un pico histórico de demanda nacional de 15.579 MW, en un contexto donde el 35% de los hogares del país experimenta cortes de luz diarios.
Como parte de estas políticas de control, en regiones vecinas como el estado Carabobo se han implementado esquemas de recompensas de hasta 1.000 dólares por denuncias ciudadanas sobre centros clandestinos.
La operación de inspección y decomiso estuvo coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en un trabajo conjunto con la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Vía Globovisión
