El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, orientó el inicio de una nueva etapa de revisión profunda del sistema judicial, penitenciario y policial de Venezuela. Durante una reunión de trabajo, el funcionario hizo un llamado enérgico a revisar expedientes, corregir irregularidades, combatir la corrupción, descongestionar los centros de detención preventiva y garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución de la República.
Esta iniciativa, que tuvo su origen en la Asamblea Nacional, se plantea como una política de Estado integral. En ella participan de forma coordinada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, los cuerpos policiales, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y diputados de distintas fracciones parlamentarias, incluyendo a sectores de la oposición.
Diagnóstico del sistema: Hacinamiento y retardo procesal
Al realizar un balance sobre el inicio de esta ofensiva en 2024, Cabello detalló que la situación de partida era crítica, con más de 83.000 personas privadas de libertad en todo el territorio nacional y los centros de arresto preventivo severamente sobrepasados. Como ejemplo del hacinamiento, citó el caso de la Zona 7, un espacio diseñado para 35 personas que llegó a albergar a unos 1.200 detenidos.
El despliegue de la primera fase, organizado en siete regiones, abarcó cárceles formales, comandos policiales, sedes de la GNB y espacios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron:
- Personas con la pena ya cumplida que continuaban privadas de libertad.
- Ciudadanos condenados que permanecían en centros preventivos en lugar de cárceles formales.
- Expedientes paralizados y causas judiciales sin respuesta.
- Detenidos por delitos menores cuyos juicios no registraban avances.
A través de estos primeros abordajes, las autoridades lograron reducir en más de un 40% la población detenida en los centros de detención preventiva. Asimismo, el ministro destacó un dato social clave: casi el 70% de los privados de libertad son asistidos por la Defensa Pública, lo que evidencia que la mayoría carece de recursos para costear un abogado privado y justifica la obligatoriedad del Estado en garantizar el debido proceso.
Lucha contra la corrupción y estadísticas de seguridad
El titular de la cartera de Interiores, Justicia y Paz enfatizó que el Gobierno Bolivariano no teme enfrentar las desviaciones internas. En un mensaje directo a los funcionarios, advirtió que cualquier efectivo que utilice el uniforme para actuar al margen de la ley deberá responder ante la justicia.
En materia de seguridad ciudadana, Cabello informó que Venezuela registra en 2026 una tasa de 1,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Atribuyó este indicador al impacto de los jueces de paz, los circuitos comunales, la prevención temprana y la articulación institucional en el territorio.
Como parte de estas políticas de prevención, se ejecuta la instalación progresiva de cámaras de seguridad en las principales ciudades del país de forma discreta. Al respecto, el ministro recordó un caso ocurrido en el estado Mérida, donde sectores políticos intentaron responsabilizar al Ejecutivo por un asesinato que, tras las investigaciones pertinentes, fue esclarecido con la captura del autor material.
Despliegue inmediato en ocho estados del país
La nueva fase operativa arrancará de manera simultánea en dos regiones estratégicas que agrupan un total de ocho entidades federales:
- Región Central: Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira.
- Región Occidental: Falcón, Lara y Zulia.
Cabello enfatizó que esta tarea es de carácter indelegable. En el terreno deberán estar presentes los responsables directos: el fiscal superior, el presidente del circuito judicial penal, y los jefes regionales de la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio Penitenciario, cuerpos policiales y la GNB.
«Los expedientes deben aparecer y estar completos, porque en el sitio se tomarán decisiones. Si una persona puede salir en libertad, que salga. Si corresponde una medida sustitutiva, que se aplique. Si el juicio debe continuar, que continúe con claridad», sentenció el ministro.
Apego constitucional y atención a casos críticos
El ministro citó el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para recordar que la libertad personal es inviolable, que ninguna persona puede ser arrestada sin una orden judicial —salvo en casos de flagrancia— y que todo detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo no mayor a 48 horas, debiendo ser juzgado en libertad como norma general.
No obstante, aclaró que aplicar la norma no significa promover la impunidad, ya que los procesados pueden seguir sujetos a juicio bajo medidas cautelares como la presentación periódica cada 15 o 30 días. Lo medular de la instrucción es erradicar el abandono institucional y la mora procesal.
Dentro de las prioridades urgentes de esta etapa se encuentra la revisión de más de 12.400 personas que se encuentran detenidas sin haber recibido una sentencia. De este grupo, la mayoría acumula entre 2 y 5 años de espera, mientras que 183 personas registran 10 años o más en condición de procesados.
Finalmente, se ordenó levantar un registro médico de cada privado de libertad para garantizar atención inmediata a los enfermos, evaluar los beneficios de redención pendientes en cárceles formales y trasladar a los penados a los recintos correspondientes. Como parte de la recuperación de espacios públicos, Cabello anunció que un coliseo utilizado provisionalmente como centro de detención será devuelto y rehabilitado para el uso de la comunidad.
