El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que en lo que va del 2022, el Ministerio Público ha imputado a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares «cómplices», siendo esta «la cifra más alta desde 2017 si se compara con la gestión de años anteriores», dijo.
Del mismo, destacó que su llegada al Ministerio Público 1.460 colaboradores para un total de 1.463 de personas han imputadas a partir de agosto de 2017 por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a sus declaraciones a través del canal estatal a partir de su gestión han imputado 1.463 personas a partir de agosto de 2017 por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos.
Develó que durante el año 2022 además han sido acusados 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores para un total 432 acusados, lo que es también las cifras más alta desde su llegada al Ministerio Público.
«En total desde 2017, se han acusado 1546 funcionarios y 81 civiles para un total de 1.627 acusados», señaló.
Con respecto a los privados de libertad, detalló que en lo que va de año han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por infringir los DDHH y desde 2017, la cifras de los apresados alcanzó los 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808.
En total, los condenados desde 2017 alcanzan un total de 358, de los cuales 261 eran funcionarios. «Son cifras que hablan por sí mismas», resaltó.
Expresó que «estas son cifras incuestionables que revela el trabajo, diligencia, investigación y expresan de manera contundente que los informes de algunos organismos, que no vale la pena mencionar, son parte de lawfare».
En ese contexto, apuntó que «están utilizando el tema de los derechos humanos para hacerle un expediente al país -Venezuela- con cosas totalmente falsas. Se dice que hay inacción y no es verdad», aseveró.
Saab reafirmó la voluntad de continuar «en un diálogo genuino y constructivo con las instancias internacionales de derechos humanos, tal y como se ha realizado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», de la cual ha recibido denuncias que son investigadas.
«Han podido asistir a audiencias para ver el desarrollo de los juicios en casos de derechos humanos. Asimismo, han podido visitar centros de detención y nos han compartido sus recomendaciones, las cuales hemos atendido», subrayó.
Celeridad en materia judicial
Entre los casos investigados por el Ministerio Público relativos a violación de derechos humanos, mencionó el homicidio de David Vallenilla, ocurrido durante una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda el 22 junio de 2017. Por este hecho fue condenado en octubre 2021 el funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.
Refirió que el 4 de noviembre de 2021 fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión cuatro exfuncionarios de la policía municipal de Naguanagua, así como dos funcionarios de la Policía del estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González durante una protesta ocurrida el 27 de julio de 2017.
También mencionó la condena en diciembre de 2021 de dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por la muerte del exconcejal Fernando Albán registrada el 8 de octubre de 2018. Fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
Vía Globovisión y AVN
