La Cámara de la Construcción del estado Monagas solicitó a las autoridades locales y nacionales la implementación de un esquema de flexibilización tributaria. El objetivo es reactivar el tejido empresarial, impulsar las obras de infraestructura y mitigar el déficit habitacional en la entidad.
Al respecto, el presidente del gremio, Wilfredo Anderico, detalló que actualmente solo operan entre 35 y 40 empresas en la región. Ante este panorama, señaló que la meta es reactivar al menos 200 compañías mediante incentivos fiscales que se adapten a las capacidades operativas reales del sector.
«El llamado está dirigido a la Alcaldía de Maturín respecto al ajuste de sus alícuotas. Actualmente, trabajamos con una comisión para flexibilizar la carga tributaria tanto de las empresas activas como de aquellas próximas a reactivarse. Ante un escenario donde el 90 % del sector empresarial permanece cerrado, es fundamental ofrecer una exoneración total a los comercios que llevan años inactivos, así como reducir los tributos de las operativas para garantizar su eficiencia y sostenibilidad».
El vocero gremial enfatizó que el principal beneficiado de una eventual rebaja tributaria será el propio Estado, ya que reactivará comercios e industrias para transformarlos en contribuyentes formales que generen empleo e ingresos fiscales sostenibles.
«¿A quién beneficia más esta flexibilización? Al Estado, ya que es el principal recaudador de impuestos. Le resulta mucho más conveniente mantener empresas activas que inactivas. Exigir tributos desproporcionados a negocios sin ganancias impide su reactivación, un escenario donde todos pierden: tanto el empresario como el sector público».
Déficit habitacional
Asimismo, el sector de la construcción optimiza sus normativas y mecanismos de supervisión para responder con eficacia a la demanda de proyectos residenciales y comerciales impulsados por la actividad petrolera en el oriente del país. Esta preparación técnica es clave frente al déficit habitacional de Monagas, estimado entre 80.000 y 100.000 viviendas.
«En alianza con la Comisión de Infraestructura, el Colegio de Ingenieros y el INCES, revisamos las normas y los nuevos sistemas constructivos sismorresistentes. Garantizar viviendas e infraestructuras de calidad exige reglas claras y una supervisión rigurosa para asegurar un desarrollo urbano seguro, confiable y duradero», concluyó.
Fotos/Arialex Brazón
