Una mujer enfrentará juicio en España por la presunta apropiación de 147.098,72 dólares pertenecientes a un familiar residenciado en Venezuela, dinero que se encontraba depositado en cuentas de la entidad financiera Abanca, en Galicia.
La Audiencia Provincial de A Coruña tiene previsto celebrar la vista oral el próximo 19 de noviembre, en un caso por el que la Fiscalía solicita cinco años de prisión por un presunto delito de estafa o, de forma alternativa, de administración desleal.
De acuerdo con el escrito de acusación, los hechos se remontan a una serie de poderes otorgados en 2001 por el afectado y uno de sus hermanos para gestionar trámites relacionados con una herencia familiar. Las autorizaciones permitían realizar gestiones bancarias y delegar dichas facultades en terceras personas.
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Según la versión fiscal, en marzo de 2018 uno de los apoderados, padre de la acusada, transfirió esas facultades a su hija. Meses después, la mujer habría procedido a cancelar cuatro cuentas bancarias de su tío en Abanca. Tres de esas cuentas mantenían depósitos en dólares que totalizaban 147.098,72 dólares, mientras que una cuarta registraba un saldo negativo de 31,89 euros.
La investigación sostiene que los fondos fueron convertidos posteriormente a euros e ingresados en una cuenta compartida entre la acusada y el propietario del dinero. Tras la operación, el saldo de esa cuenta habría aumentado de 9,13 euros a 125.382,82 euros.
La Fiscalía asegura que la procesada dispuso de los recursos sin justificar su destino. Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de dos carros valorados en 15.060 y 21.375 euros, además de diversas transferencias a terceros. La cuenta fue cancelada en septiembre de 2022.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 11 meses, calculada a razón de 15 euros diarios, así como el pago de una indemnización equivalente a los 147.098,72 dólares presuntamente apropiados, más los intereses legales correspondientes.
La acusación también señala una posible responsabilidad civil subsidiaria de Abanca. Según la Fiscalía, la entidad bancaria no habría verificado de manera adecuada el alcance de los poderes utilizados para movilizar los fondos.
La Audiencia Provincial de A Coruña será la encargada de determinar las responsabilidades derivadas de las operaciones denunciadas y establecer si existió un uso indebido de los fondos pertenecientes al ciudadano venezolano.
