Ecuador expulsará a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, como parte del plan de gobierno para mitigar la creciente violencia del narcotráfico y las bandas criminales, dijo este viernes el presidente Daniel Noboa.
«Los que tienen este momento una sentencia ejecutoriada de cinco o más (años) van a ser expulsados del país, (son) aproximadamente 1.500 personas que vinieron a este país a delinquir y no son delitos sencillos, son delitos graves», expresó Noboa en una rueda de prensa tras una reunión sobre seguridad en Guayaquil (suroeste).
De acuerdo con el censo penitenciario de 2022, en el país hay 3.245 reclusos de nacionalidad extranjera, lo que representa un 10% del total de la población carcelaria (31.321). De ellos, 2.900 son hombres.
El mandatario, sin dar más detalles, agregó que la cancillería está en contacto con sus pares de «Perú, de Colombia y de Venezuela porque más del 80% de estos 1.500 son de esos países».
«Esas personas van a salir de este país», enfatizó Noboa, que no dio el plazo en el que se cumplirá la medida.
El gobernante adelantó que trabaja en la elaboración de una consulta popular de hasta 14 preguntas que abordará temas como el ámbito de acción de las fuerzas armadas, una reforma al sistema judicial y empleo.
Al ser consultado sobre la extradición de ecuatorianos -una propuesta que fracasó en el referendo planteado por el expresidente Guillermo Lasso-, Noboa señaló que está analizando incluirla.
Las violentas cárceles ecuatorianas son escenarios recurrentes de masacres. Desde febrero de 2021, se han dado al menos una decena de matanzas que dejan más de 460 reclusos muertos.
Convertidas en centros de operaciones del narcotráfico, el control de los centros penitenciarios está en disputa entre bandas criminales. Operativos de control dan cuenta de la violencia, pues en su interior se han hallado pistolas, fusiles y explosivos.
Para controlar a los reclusos más peligrosos, el gobierno ha planteado la construcción de al menos seis cárceles de «mega máxima» y «máxima» seguridad, según ha dicho la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
Noboa además adelantó que el país tiene en la mira tres barcos que cumplen las condiciones para servir como prisiones en el mar, con el fin de separar a los presos más peligrosos mientras se construyen las prisiones.
Con información de El Nuevo Siglo.
