De acuerdo a fuentes oficiales, uno de los sujetos responsables del hecho fue aislado
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador anunció el viernes que abrió una investigación por el asesinato de diez prisioneros durante un amotinamiento registrado en la cárcel de El Inca, ubicada en Quito.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter, la FGE indicó que abrió de oficio una investigación previa por la muerte violenta de diez personas en el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de Pichincha Número 1, nombre formal del reclusorio.
“Además, se desarrollan diligencias para el levantamiento de los cadáveres”, agregó la institución.
La FGE en principio habló de nueve muertos, sin embargo, en una actualización de la información mencionó que fueron diez los presos asesinados, cuyos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para las respectivas autopsias.
Medios locales publicaron que los disturbios comenzaron luego de que un cabecilla de la banda denominada Los Lobos fuera trasladado de la cárcel de El Inca hacia la penitenciaría de La Roca, ubicada en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) comunicó que luego del traslado del líder de Los Lobos, conocido con el alias de Bermúdez, miembros de esa agrupación delictiva tomaron represalias violentas.
La cárcel El Inca fue escenario hace 10 días de una situación similar en la cual fueron asesinados cinco presos.
De acuerdo con estadísticas del SNAI y de la FGE, desde febrero de 2021 han perdido la vida al menos 410 prisioneros en varias masacres.
Por su parte, el presidente de ese país refirió a través de su cuenta en la red social Twitter que el responsable del hecho en la cárcel fue «aislado con éxito», del mismo modo, informó que las acciones ejecutadas la madrugada de este sábado, «fueron coordinadas a nivel de todo el sistema penitenciario».
Asimismo, este sábado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador publicó un audiovisual en el que confirman el traslado y aislamiento de los reos responsables de la acción. «Hoy hemos dado un nuevo golpe a las mafias narcodelictivas. Garantizar la seguridad es obligación de todas las instituciones del Estado».
Con información vía El Universal
