Familiares de los reclusos que trasladaron del Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica, protestaron este lunes 22 de abril frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Maturín.
Desde que se produjo la intervención de esta penitenciaría, el 4 de noviembre de 2023, han transcurrido casi seis meses, tiempo en que los allegados de los privados de libertad no han podido visitarlos por las limitaciones económicas que conlleva ir a otras regiones y cárceles del país donde los recluyeron.
Joselín Bocarito, una de las manifestantes, hizo hincapié en la precaria situación en la que se encuentran los privados de libertad trasladados a centros penitenciarios de estados como Táchira, Mérida, Falcón, Barcelona, Barinas, Caracas y Zulia.
«Están pasando necesidades, no tienen acceso a la alimentación adecuada y muchos están desnutridos», señaló Bocarito.
La imposibilidad económica de viajar para visitar a sus familiares privados de libertad es otro aspecto que resalta en las demandas de los allegados. La falta de recursos les impide desplazarse a los distintos estados del país donde se encuentran recluidos sus seres queridos.
Además, denuncian que el traslado ha afectado incluso a aquellos reclusos que estaban próximos a obtener su libertad por buena conducta, ya que este proceso no se ha concretado debido al cambio de ubicación.
Ante esta situación, hacen un llamado a la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, para que se proceda al regreso a Monagas de estos reos.
La incertidumbre y la angustia por la falta de noticias sobre sus familiares se agrava día a día, y temen por la salud y condiciones en las que se encuentran sus seres queridos.
Fotos/Osmel Rodríguez
