Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a una mujer y a su pareja sentimental por su presunta responsabilidad en la muerte de una adolescente de 14 años. El trágico suceso, que ha conmocionado a la opinión pública, ocurrió en la parroquia Antímano, en Caracas.
El director general del CICPC, comisario Douglas Rico, detalló a través de sus canales oficiales que los aprehendidos quedaron identificados como:
- Jessica Carolina Villegas Vivas (33 años), madre de la víctima.
- Alexis David Romero Rosales (31 años), apodado «El Negro», padrastro de la joven.
Las investigaciones del cuerpo detectivesco determinaron que Villegas Vivas presuntamente consentía y permitía los abusos físicos y psicológicos contra su propia hija. Según el reporte policial, la mujer alegaba supuestas limitaciones económicas y manifestaba su negativa a terminar la relación sentimental con Romero Rosales para justificar su inacción.
Mensajes de WhatsApp delataron la situación de la víctima
El procedimiento de captura se llevó a cabo en la avenida Intercomunal de Antímano, específicamente en el sector Vuelta del Fraile del barrio El Jobillo. Fue en esa misma zona donde la menor de edad falleció por asfixia mecánica (ahorcamiento).
Tras el hallazgo del cuerpo, los expertos de la División de Investigaciones de Homicidios iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Los análisis forenses y tecnológicos revelaron datos cruciales:
La adolescente se había comunicado previamente con un familiar que reside en el extranjero. A través de mensajes de texto y notas de voz enviados por la aplicación WhatsApp, la joven relató con desespero la grave situación de vulnerabilidad y abuso que vivía dentro de su hogar.
De acuerdo con la versión oficial ofrecida por las autoridades, la víctima, profundamente afectada por el entorno hostil y el desamparo de su progenitora, tomó la drástica decisión de quitarse la vida.
Actuación del Ministerio Público
Debido a que la legislación venezolana tipifica la inducción al suicidio y la omisión de denuncia en casos de abuso a menores como delitos graves, ambos ciudadanos fueron puestos de inmediato a la orden del Ministerio Público. Este organismo judicial será el encargado de presentar los cargos correspondientes y continuar con el proceso penal en los tribunales de control de la capital.
Con información de El Universal
