Desde el pasado 28 de diciembre de 2020, fecha en la que más de 100 bombonas de gas detonaron en el caserío Caño Los Becerros en el estado Monagas, dejando un rastro de dolor y sufrimiento, los afectados han visto deteriorar progresivamente su salud hasta quedar incapacitados.
En un acto de desesperación y clamor por justicia, este martes 16 de julio, a tres años y medio del trágico suceso, varios sobrevivientes se congregaron en el Ministerio Público de Maturín para exigir respuestas a las autoridades regionales.
La falta de suministro de medicamentos para tratar las secuelas de las quemaduras, debido a los elevados costos, ha agudizado la angustia de quienes luchan por recuperarse.
Por su parte, Luis Díaz, abogado en representación de los afectados, denunció la inacción tanto del gobierno regional como de la administración de justicia ante esta tragedia. A pesar del compromiso previo del actual gobernador Ernesto Luna para asistir a las víctimas, la falta de respuestas concretas ha sumido a los sobrevivientes en un limbo legal y médico insostenible.
«Ya hemos agotado todas las instancias posibles para mediar con las autoridades regionales sin obtener una solución. Es hora de que se acelere el proceso de investigación y se haga justicia a quienes continúan sufriendo las secuelas físicas y emocionales de aquel fatídico día», expresó el abogado Díaz.
Además, aseguró que el llamado a la acción es claro. «Se espera una pronta respuesta por parte de la fiscalía para cerrar este capítulo doloroso. De no obtener una resolución satisfactoria, se tomarán medidas legales contra la empresa Gases de Maturín C.A., señalada como responsable directa del trágico suceso».
La espera ha sido larga y tortuosa para los afectados, quienes claman por el reconocimiento de su dolor y su derecho a una compensación justa. La sociedad civil y las autoridades competentes deben unirse para garantizar que tragedias como esta no queden impunes y que aquellos que sufrieron pérdidas irreparables reciban la atención y reparación que merecen.
Familias afectadas por la tragedia exigen justicia
Nueve de los 41 afectados por la tragedia ocurrida hace cuatro años han fallecido, dejando un profundo dolor en sus seres queridos. Yamily Moreno, madre de dos niños que perdieron la vida en el incidente, ha levantado su voz exigiendo justicia y respuestas a las autoridades.
«Quiero decirle al gobernador Luna que cumpla con la palabra que nos dio, él se comprometió a darnos respuestas y llegar a un acuerdo con todas las víctimas», expresó Moreno visiblemente conmovida.
Dayana Díaz, otra afectada por el trágico suceso, destacó el deterioro progresivo de la salud de los sobrevivientes. «Hoy no estamos en esta situación porque queremos, hacemos un llamado a las autoridades, necesitamos su apoyo ya que esto no es un juego. Con gas nadie juega, y por una mala manipulación seguimos sufriendo las consecuencias», afirmó Díaz.
Impacto continuo de los sobrevivientes
Los sobrevivientes se enfrentan a dificultades como la imposibilidad de lavarse o exponerse al sol, además del alto costo de los medicamentos necesarios para aliviar las secuelas de las quemaduras.
«Pedimos que se responsabilicen de los daños causados, hay niños que aún sufren traumas por lo ocurrido», añadió Díaz.
Tras tres años y seis meses de espera, los afectados continúan sin respuestas ni el apoyo necesario por parte de las autoridades competentes. La falta de atención médica adecuada ha llevado a graves consecuencias como la pérdida de la vista en varios casos y la imposibilidad de trabajar para muchos.
Llamado desesperado a las autoridades
Además, resaltaron las dificultades cotidianas a las que se enfrentan, como la imposibilidad de exponerse al sol o la necesidad de costosos tratamientos para aliviar el picor causado por las quemaduras. Con un llamado enfático a asumir responsabilidades por los daños causados, las familias afectadas solicitan atención inmediata y soluciones concretas ante una situación que perdura desde hace más de tres años y medio.
Fotos/Osmel Rodríguez
