Desde el pasado 20 de mayo, más de medio centenar de plataformas digitales en Venezuela han sido blanco de una ola de censura y autocensura, en medio de un endurecimiento de las acciones gubernamentales contra quienes divulgan tasas del dólar paralelo distintas a la oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Según la organización VE Sin Filtro, al menos 55 servicios digitales —entre aplicaciones móviles, sitios web, cuentas en redes sociales y grupos de mensajería— se han visto afectados en este contexto. Dos páginas web fueron bloqueadas por los proveedores de servicios de Internet (ISP), mientras que otras tres fueron retiradas por sus administradores y dejaron de estar disponibles incluso fuera del país.
El impacto también ha alcanzado a una docena de páginas que, aunque siguen activas, optaron por no actualizar sus contenidos o limitarse a publicar únicamente la tasa oficial del BCV. Una de ellas implementó restricciones geográficas para impedir su acceso desde Venezuela.
En redes sociales, el fenómeno no ha sido menor. Al menos 16 cuentas de Instagram dejaron de difundir valores del dólar paralelo y una de ellas fue eliminada. Por su parte, tres canales de Telegram suspendieron la publicación de precios diferentes a la tasa oficial, reporta El Nacional.
El efecto se extiende también al ámbito de las aplicaciones móviles. Cinco apps especializadas en consulta y cálculo del dólar paralelo cesaron sus funciones en este rubro, y sus herramientas de conversión dejaron de operar con normalidad.
De forma similar, una aplicación para la compra-venta de criptoactivos en bolívares limitó su disponibilidad en territorio venezolano, mientras que otra eliminó la opción de mostrar tasas alternativas.
La ofensiva del gobierno de Nicolás Maduro se ha materializado también en el plano judicial. El Ministerio de Interior y Justicia confirmó la detención de al menos 25 personas presuntamente vinculadas con estas plataformas, acusadas de realizar actividades que, según el Ejecutivo, “afectan negativamente la economía”.
Aunque no se han detallado los cargos concretos, se presume que enfrentan señalamientos por la difusión de información económica no autorizada y por intentar manipular el mercado cambiario.
Con información de Versión Final
