El balance definitivo del trágico derrumbe en una mina de oro ilegal en el departamento de Nariño ascendió a 14 personas fallecidas y siete heridas, según confirmaron fuentes oficiales tras dar por concluidas las operaciones de búsqueda y rescate.
El secretario de Paz y Seguridad de Nariño, Álex González, detalló que el número de víctimas mortales aumentó con el paso de las horas respecto a los primeros reportes, que contabilizaban nueve fallecidos. El siniestro se produjo a causa de un deslizamiento de tierra en un yacimiento informal situado en la zona fronteriza con Ecuador.
Complejo rescate entre riesgos geográficos y armados
Las labores de salvamento enfrentaron severas complicaciones debido a la inestabilidad del terreno, la falta de vías de acceso directo y la presencia de grupos armados ilegales que operan en la región.
Pobladores y socorristas tuvieron que recurrir a maquinaria pesada para remover toneladas de lodo y escombros. En varios sectores, la evacuación de los heridos y el traslado de los cuerpos debió realizarse en embarcaciones a través de un río cercano.
Minería informal: entre la necesidad y el control criminal
En esta región del suroeste colombiano, golpeada por la escasez de empleo formal, la extracción artesanal de oro representa el principal sustento para miles de familias rurales. Sin embargo, la actividad se ejerce en condiciones de extrema precariedad, sin supervisión técnica ni protocolos de seguridad.
A este panorama socioeconómico se suma el dominio territorial de organizaciones criminales. En Nariño, los grupos armados disputan el control de las economías ilícitas, utilizando la minería ilegal —junto al narcotráfico y la extorsión— como una de sus principales fuentes de financiamiento.
Impacto ambiental y reiteración de tragedias
Además del costo humano, la minería aurífera sin regulación genera graves daños ecológicos en el ecosistema local, provocando:
- Deforestación masiva y erosión de los suelos.
- Alteración de los cauces de ríos y fuentes hídricas.
- Contaminación del agua por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como el mercurio.
Este hecho no es aislado. En agosto pasado, un accidente similar en el mismo departamento se cobró la vida de 13 mineros. La reiteración de estos desastres vuelve a poner en evidencia los desafíos del Estado colombiano para frenar la minería ilegal en zonas de conflicto y ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades vulnerables.
Con información de Versión Final
