En una jornada marcada por una profunda polarización, la Cámara de Diputados de Argentina otorgó este sábado la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora se encamina a la discusión artículo por artículo antes de su paso definitivo al Senado.
Seguridad vs. Derechos
El debate legislativo expuso dos visiones contrapuestas sobre la gestión de la inseguridad y la minoridad. Mientras el oficialismo defiende la medida como una respuesta necesaria al delito, la oposición y organismos de derechos humanos advierten sobre un «retroceso sistémico».
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- Críticas de la oposición: El diputado Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) cuestionó que la prioridad sea el encarcelamiento en lugar de fortalecer la educación, la salud mental y la prevención de adicciones.
- Advertencias internacionales: Organizaciones civiles denuncian que la normativa vulnera tratados internacionales de protección a la niñez suscritos por Argentina.
Eficacia punitiva bajo la lupa
Diversos bloques legislativos y especialistas han puesto en duda que el endurecimiento de las penas reduzca la criminalidad.
- Tasas de reincidencia: La diputada Romina del Pla (Frente de Izquierda) señaló que el sistema carcelario actual carece de mecanismos de reinserción, funcionando como un espacio de degradación que profundiza la vulnerabilidad.
- Comparativa regional: El legislador Néstor Pitrola subrayó que países como Ecuador, con edades de imputabilidad menores (12 años), presentan índices de criminalidad superiores a los de Argentina, desmitificando la eficacia del castigo temprano.
La visión de los expertos
La ex Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, calificó la reforma como un «placebo» social. Según Graham, menos del 1% de los menores en el país tiene conflictos con la ley, por lo que la medida no ataca la raíz del problema.
«El encarcelamiento temprano interrumpe procesos madurativos biológicos esenciales», advierten investigadores, quienes señalan que estudios científicos desaconsejan el enfoque puramente punitivo debido a la sensibilidad del desarrollo cerebral en la adolescencia y el alto riesgo de suicidio en centros de reclusión.
Indefensión jurídica y discrecionalidad
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que el proyecto otorga facultades discrecionales a los jueces para separar a los menores de sus familias sin considerar su testimonio.
Esta medida, aseguran, rompe con principios jurídicos fundamentales y despoja a los adolescentes de su estatus como sujetos de derecho, dejándolos en una situación de indefensión frente al Estado.
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