El canal Noticias Caracol ha detallado en una transmisión en vivo la condena del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a 12 años de prisión. La jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo halló culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este histórico fallo ha generado una ola de reacciones en el país y a nivel internacional.
Detalles de la Condena y Sanciones Adicionales
Además de la pena de prisión, la sentencia contra el exmandatario colombiano incluye:
- Una multa de dos mil 420 salarios mínimos legales vigentes.
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos por 100 meses y 20 días, lo que equivale a 8 años y 4 meses.
Es importante destacar que el fallo establece que Álvaro Uribe podrá cumplir la pena en prisión domiciliaria. Se espera que en las próximas horas, la jueza dé lectura al documento completo y explique los motivos detallados de la condena, considerada un crimen principal.
Acusaciones clave: manipulación de testigos y fraude procesal
La jueza Sandra Liliana Heredia determinó que el expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad. El objetivo era obtener un resultado favorable en otros procesos judiciales en su contra. Asimismo, se le acusó de manipular testigos mediante terceros para vincular al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
De acuerdo con el fallo, Uribe es culpable del delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, intentó sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declararan falsamente ante la justicia. Aunque los actuales abogados de Uribe afirmaron que Cadena actuó por cuenta propia, la jueza concluyó que el expresidente conocía sus acciones. Se determinó que quedó «suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal».
La magistrada también indicó que se configuró el delito de fraude procesal, evidenciando una estrategia deliberada de manipulación de la justicia. Esto se logró a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.
Reacciones nacionales e internacionales al fallo
El histórico fallo desató una ola de reacciones internas a favor y en contra de la decisión, la jueza y el exmandatario.
Hubo incluso un pronunciamiento de Estados Unidos, por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien criticó la decisión, señalando que «el único delito» de Uribe «ha sido luchar y defender incansablemente a su patria» y que «la instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante».
En respuesta, la Corte Suprema de Justicia colombiana manifestó su «firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico». Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones de Rubio como una «intromisión a la soberanía nacional» e instó a la comunidad internacional a «respetar los jueces de Colombia».
Una investigación con años de entramado
La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto se originó después de que, entre 2012 y 2014, el senador Iván Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador de Antioquia.
En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública. En 2018, el tribunal detectó indicios de que Álvaro Uribe manipuló testimonios para incriminar al senador Cepeda.
En consecuencia, en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, medida que cumplió durante 67 días. En ese período, Uribe era senador, pero renunció al cargo para evitar ser juzgado por la Corte Suprema y quedar bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.
Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud.
Finalmente, en 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.
Lee también: Esposa de Macron acusada de transfobia y discriminación
Vía Notitarde
