La trágica historia de los cuatro adolescentes desaparecidos hace 23 días en Ecuador luego de ser detenidos por militares concluyó este martes con la encarcelación “preventiva” de 16 funcionarios, esto, debido a que, se comprobó mediante pruebas de ADN que los cuerpos calcinados que fueron hallados en una base militar de Guayaquil sí corresponden a los cuatro jóvenes.
El caso se convirtió en un controvertido crimen al involucrar una detención que habría sido ejecutada sin fundamento por parte de los uniformados y que, por motivos que aún la Fiscalía no haya explicación, culminaría con la muerte de los cuatro menores.
“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre”, precisó el ente acusador en la red social X.
Poco antes del anuncio, un tribunal penal de Ecuador ordenó prisión preventiva para los 16 militares sospechosos.
“Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta Desaparición Forzada”, señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.
Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos el 8 de diciembre por una patrulla integrada por 16 militares en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico y donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía acusó al grupo de soldados, que ya estaba bajo custodia militar, del delito de desaparición forzosa, sancionado con hasta 26 años de cárcel, según el código penal ecuatoriano.
El tribunal del puerto de Guayaquil celebró una audiencia en la que la Fiscalía formuló cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que son investigados por la desaparición tras haber detenido a los adolescentes de entre 11 y 15 años el 8 de diciembre por un presunto robo.
Los militares sostienen que poco después de arrestarles, dejaron en libertad y en buenas condiciones a los menores, quienes desde entonces están desaparecidos.
El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una “desaparición forzada” de los adolescentes, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la FAE en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.
Decenas de familiares, vecinos y activistas de derechos humanos realizaron desde temprano una protesta fuera de la corte para reclamar justicia por la desaparición de los adolescentes que salieron de sus casas para jugar fútbol.
Los manifestantes lanzaban gritos de protesta portando carteles con leyendas como “vivos los queremos ya”.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, expresó el lunes ante la comisión parlamentaria de la Niñez en Quito que “el personal militar habría actuado (…) ante un presunto delito flagrante”, en alusión a un supuesto robo en curso que detectó la patrulla militar que brindaba apoyo a agentes de las aduanas.
“No se dispuso ninguna operación (militar) en el sector de Las Malvinas”, añadió.
Organismos de la ONU y la OEA, así como oenegés internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso.
Unas 40 organizaciones sociales responsabilizaron a Noboa por las “graves violaciones a los derechos humanos” registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar a principios de año al país en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.
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