Un grupo de padres se concentró en las instalaciones del liceo «San Vicente Ferrer» de Maturín, junto a más de 90 estudiantes graduandos, para desmentir una denuncia que habían hecho unos representantes sobre que el plantel está solicitando una colaboración con montos exorbitantes para el acto de grado.
La manifestación pública surge tras la alarma generada en la comunidad estudiantil, ya que, según los mismos estudiantes, presuntamente está en riesgo que no se realice su acto de graduación debido a las acusaciones introducidas ante las autoridades competentes.
La controversia inició luego de que un pequeño grupo de representantes acudiera a la Zona Educativa del estado Monagas para denunciar supuestas irregularidades financieras por parte de la directiva de la institución, sin embargo, la gran mayoría de la comunidad escolar asegura que dicha queja no representa el sentir ni los acuerdos alcanzados en las asambleas generales.
Milagros Rodríguez, representante de un alumno de quinto año, fungió como vocera del grupo y aclaró que las cuotas no fueron impuestas por el liceo, sino acordadas mutuamente para cubrir los gastos logísticos que requiere un evento de esta magnitud.
«Nosotros como representantes, en varias reuniones decidimos un monto para colaborar con el acto de grado de nuestros hijos. Es una vez al año que esto sucede, un acto de graduación, eso es todo», afirmó Rodríguez.
Asimismo, la vocera enfatizó que el personal docente y directivo ha actuado únicamente como facilitador y apoyo para los jóvenes en este proceso, desvinculándolos de cualquier tipo de exigencia monetaria obligatoria.
«Los profesores solamente nos han apoyado como representantes y cómo apoyar a los estudiantes. La profesora Yesika siempre ha sido un gran apoyo para los estudiantes, tanto académicamente como fuera en un apoyo emocional», testificó la representante durante la concentración.
Ante el temor generalizado de los 98 futuros bachilleres de ver frustrado su sueño de recibir sus títulos en un acto formal, una comisión de padres tiene previsto acudir a las instancias educativas correspondientes para aclarar la situación y garantizar que el proceso siga su curso legal y logístico.
«Aquí a nadie se le está exigiendo u obligando a que paguen una cantidad de dinero por el acto de grado. Nosotros queremos hacer un acto de graduación y eso, obviamente, es dinero, es gasto, y no lo va a sacar el profesor o la institución. Sabemos que eso corre por responsabilidad de nosotros, de los representantes», concluyó Rodríguez.
Fotos | Juan Goitía
