El Gobierno de Ecuador oficializó este viernes la ‘Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035’, un acuerdo clave destinado a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), según informó el Ministerio de Salud Pública.
La firma, realizada en la provincia andina de Chimborazo, es una respuesta nacional que busca garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia ecuatoriana.
Leer también: El hombre que hirió a tiros a Juan Pablo II intentó encontrarse con León XIV en Nicea
Compromiso y crudas cifras
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, lideró la firma y enfatizó la urgencia de la política:
«Cuando hablamos de embarazo adolescente no hablamos de cifras: hablamos de niñas, de sueños rotos y de caminos que se interrumpen demasiado pronto», afirmó Pinto, destacando el rostro humano detrás de la problemática.
A pesar de que Ecuador logró reducir significativamente la tasa de fecundidad adolescente (15 a 19 años) entre 2014 y 2018, el panorama sigue siendo alarmante. El país registra, en promedio, cuatro partos diarios en niñas menores de catorce años y ochenta y cuatro nacimientos cada día en adolescentes de quince a diecinueve años.
El ministro subrogante de Desarrollo Humano, Daniel García, precisó que la meta central es sensibilizar sobre la prevención y asumir un «compromiso institucional» para asegurar información, formación y orientación efectiva a los usuarios.
Cinco ejes estratégicos para 2035
La política nacional se propone reducir la tasa de embarazo adolescente en un plazo de diez años a través de cinco ejes estratégicos fundamentales:
- Educación: Implementación de educación sexual en las aulas y estrategias de retención escolar.
- Salud: Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el uso de anticonceptivos.
- Transformación Sociocultural: Trabajar en la prevención y el acompañamiento integral, activando el programa ‘Aprendiendo en Familia’.
- Protección Integral: Creación de un modelo de atención especializada para víctimas de violencia sexual.
- Sostenibilidad: Asegurar un mecanismo financiero y normativo que garantice la continuidad de la política por una década, independientemente del ciclo político.
Con información de Noticias Venevisión
