La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, justificó el secuestro de venezolanos ordenado por Donald Trump y que posteriormente fueron enviados a El Salvador, al calificar esta acción como una cuestión de «seguridad pública básica». Igualmente, expresó su confianza en que la Corte Suprema intervendrá en el caso relacionado con las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, utilizadas por la presidencia de Donald Trump para justificar las deportaciones masivas.
Por otra parte, Bondi criticó al juez federal James Boasberg, quien recientemente ordenó la suspensión de vuelos de deportación hacia El Salvador, al argumentar que el magistrado carece de derecho a acceder a «información de seguridad nacional». También lo calificó como «fuera de control» y afirmó que su decisión de parar las deportaciones interfiere con la política exterior del país.
Según la fiscal, la Corte Suprema está preparada para escuchar el caso y revertir las decisiones de los jueces federales que, según su criterio, obstaculizaron la agenda del presidente Trump. «Vamos a contraatacar y vamos a ganar».
El juez Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama, es objeto de críticas por parte de Trump y su administración, quienes lo acusan de frustrar sus políticas migratorias. En respuesta, Boasberg advirtió sobre las «repercusiones problemáticas» de invocar una ley bélica de 1798 para deportar migrantes, al cuestionar cómo aquellos que no son miembros del extinto Tren de Aragua, ni ciudadanos venezolanos podrían impugnar su expulsión.
La controversia se elevó a escala nacional, por lo que un grupo de tribunales evalúan la constitucionalidad de las medidas de la Casa Blanca. Mientras tanto, Trump intensificó sus ataques en redes sociales, al calificar a Boasberg como un «desastre constitucional». La disputa pone de relieve las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en un momento crítico para la política migratoria de Estados Unidos.
