El 30 de agosto los militares proclamaron el «fin del régimen» de Ali Bongo, que había gobernado el país durante 14 años, menos de una hora después la proclamación de su reelección tras las elecciones del 26 de agosto y argumentando que el voto había sido amañado.
Un día después, todos los jefes de las fuerzas del ejército y la policía reunidos en el llamado Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones (CTRI), con el general Oligui a la cabeza, acusaron al entorno del jefe de Estado bajo arresto domiciliario, de «malversación masiva» de dinero público y la «gobernanza irresponsable».
«Juro por Dios y por el pueblo gabonés preservar con toda fidelidad el régimen republicano (y) preservar los logros de la democracia», dijo ante jueces del Tribunal Constitucional el general de brigada, llevando un traje ceremonial rojo de la Guardia Republicana, la unidad de élite del ejército.
Ante cientos de invitados, incluidos ministros depuestos de Ali Bongo y caciques de su partido, el general los instó a participar en una futura Constitución que será «adoptada por referéndum», así como un nuevo código electoral y penal «más democráticos y respetuosos de los derechos humanos».
También prometió «entregar el poder a los civiles mediante la organización de elecciones libres, transparentes y creíbles».
Ali Bongo Ondimba, de 64 años, bajo arresto domiciliario desde el golpe de estado, había sido elegido en 2009 tras la muerte de su padre, Omar Bongo Ondimba, que ya había gobernado el país durante más de 41 años.
La Unión Africana, la Unión Europea, la ONU y gran parte de los países occidentales condenaron el golpe pero indicaron que a diferencia de otros golpes de estado en países del continente (ocho en solo tres años) este estuvo precedido por una elección claramente fraudulenta, lo que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de «golpe de Estado institucional».
Con información de Cactus24.
