En un movimiento que busca elevar la interrupción voluntaria del embarazo al máximo rango jurídico, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes la reforma del artículo 43 de la Constitución. La iniciativa pretende garantizar que el aborto sea una prestación efectiva en la sanidad pública, blindándola ante posibles «dinámicas regresivas».
Sin embargo, la ambición del Ejecutivo choca con la aritmética parlamentaria.
Al tratarse de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, el proyecto requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, una cifra inalcanzable sin el respaldo del Partido Popular (PP), que ya manifestó su previsible negativa.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue tajante al justificar la urgencia de la medida.
Actualmente, 79% de los abortos en España se derivan a centros privados, dejando solo 20% en manos de la sanidad pública.
En un movimiento que busca elevar la interrupción voluntaria del embarazo al máximo rango jurídico, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes la reforma del artículo 43 de la Constitución.
La iniciativa pretende garantizar que el aborto sea una prestación efectiva en la sanidad pública, blindándola ante posibles «dinámicas regresivas».
Sin embargo, la ambición del Ejecutivo choca con la aritmética parlamentaria.
Al tratarse de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, el proyecto requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, una cifra inalcanzable sin el respaldo del Partido Popular (PP), que ya manifestaron su previsible negativa.
Aborto en España, un camino espinoso
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue tajante al justificar la urgencia de la medida: actualmente, 79% de los abortos en España se derivan a centros privados, dejando solo 20% en manos de la sanidad pública. El gobierno sostiene que esta «dimensión prestacional» es la que está en riesgo y debe ser protegida como un derecho de autodeterminación de las mujeres.
El nuevo texto propuesto para el artículo 43 establece que «los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva».
A pesar de contar con el informe favorable del Consejo de Estado, que califica la propuesta como «constitucional«, el camino hacia la ratificación se presenta como un «Rubicón» político.
Con el PP dominando la Cámara Alta por mayoría absoluta, la estrategia del gobierno parece volcarse hacia la presión social, confiando en que la oposición «esté a la altura» de lo que consideran una demanda mayoritaria.
Vía El Nacional
