Pocos intérpretes de señas certificados hay en el país, eso limita la integración a la sociedad de las personas con problemas auditivos.
Diveana Castillo, representante de una pequeña de 10 años estudiante del Centro de Audición y Lenguaje (Icoal), comenta que a ella le ha tocado convertirse en la intérprete de señas de su hija, esto lo ha podido hacer gracias a los cursos que la institución dicta.
«Mi hija asiste a una escuela regular y durante las clases yo voy para decirle lo que les están dando, porque la institución no cuenta con el personal debido, y eso le ha permitido estar presente en las actividades extra curriculares» resalta Castillo. Por eso considera que la preparación de toda la comunidad es esencial.
Félix Torres, presidente de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas Venezolana (Asoive), explica que la falta de salario es la principal causa de la falta de intérpretes de señas, asegura que no existe una ley que diga que debe crearse el cargo correspondiente.
En la actualidad, Asoive cuenta con 400 asociados, pero sólo 70 están activos, 11 de ellos están en el área publica lo que es insuficiente para las necesidades en esta área. Son muy pocas las empresas que tiene el cargo de traductor de lengua de señas pero la verdad es que ni en el sector público ni el privado suelen tener este cargo, eso hace que la posibilidad laboral de estas personas sea casi nula.
Un intérprete por lo general labora en otro oficio, ejerce un cargo administrativo como medio de vida, y desde el punto de vista de la comunidad sorda esa no es la respuesta necesaria, esta función debe dejar de ser voluntaria, ellos deben contar con la profesionalización de este oficio, con su preparación académica especializada y beneficios laborales suficientes para su manutención y la de su familia.
En espera discusión de ley
Torres destaca que en el año 2023 se discutió la Ley especial de atención para las personas sordas y con discapacidad auditiva, en la que se incluyó la necesidad de crear estos cargos pero es una ley que aún no ha sido promulgada.
Además retrasa el proceso de certificaciones que se entregaban a través de una evaluación que hacían en conjunto el Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Asoive y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), por lo que están a la espera de la aprobación de la nueva Ley para conocer los nuevos lineamientos a evaluar.
Vía El Aragueño.
