La Fiscalía de Guatemala, acusada el pasado 1 de septiembre de promover un “golpe de Estado” por parte del presidente electo, Bernardo Arévalo, arremetió el martes (12.09.2023) nuevamente contra el proceso electoral, al abrir cajas con votos de los comicios del pasado 25 de junio, una acción sin precedentes y considerada como “ilegal” por el tribunal electoral.
«Están tomando medidas desesperadas para tumbar la democracia en Guatemala porque no ganaron en las urnas», declaró a periodistas el diputado Samuel Pérez, integrante del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, como reacción a las diligencias judiciales.
Por su parte, el mandatario electo exigió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, además de un fiscal y un juez por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado.
«Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo», dijo Arévalo en rueda de prensa.
La Fiscalía, amparada por una orden emitida por el juez penal Orellana, allanó una sede del Tribunal Supremo Electoral para acceder a 160 cajas que contenían los votos de la primera vuelta celebrada el pasado 25 de junio y realizó un recuento de los sufragios.
Esta diligencia “surge de la denuncia de un ciudadano que argumentó ilegalidades”, alegó el fiscal Curruchiche, que estuvo a cargo de la apertura de las cajas electorales y que en 2022 fue sancionado por Estados Unidos bajo denuncias de corrupción y socavamiento de la justicia.
El 1 de septiembre, Arévalo de León había advertido públicamente que existía en marcha “un golpe de Estado” orquestado por la fiscal general Consuelo Porras para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero. El fiscal Currichiche negó esas acusaciones.
Señalan ilegalidades
«Es algo sin precedentes en Guatemala. La ley electoral no faculta a nadie poder abrir las cajas electorales y ver que hay en las mismas, el escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos», declaró Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral.
Las autoridades electorales se opusieron a la acción de la Fiscalía y advirtieron que si se secuestran los votos se pierde la custodia de los mismos y será el Ministerio Público el responsable de los efectos que esto pueda tener.
Reyes argumentó que aunque el fiscal Curruchiche niegue que el procedimiento tenga que ver con el partido del presidente electo, el juez Orellana ordenó los allanamientos bajo el número de expediente del caso judicial que se tiene contra esta agrupación política por supuestas firmas falsas en el proceso de creación en 2018.
De acuerdo con analistas y abogados, la Fiscalía busca, con estas acciones, generar el escenario para solicitar un proceso judicial contra Arévalo de León, después de haber fallado en el intento de cancelar su partido en el camino hacia el balotaje que se disputó el pasado 20 de agosto.
Con información de Efecto Cocuyo.
