A partir de marzo, Indonesia se sumará a la creciente lista de naciones que buscan limitar el impacto de las plataformas digitales en la infancia. El gigante del Sudeste Asiático, reconocido por tener la mayor población musulmana del mundo, pondrá en marcha una estricta normativa que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 13 años.
Esta medida emula las recientes políticas adoptadas en Australia y las crecientes regulaciones en Europa, consolidando una tendencia global que prioriza la seguridad de los adolescentes por encima de la conectividad total.
Un sistema de acceso por niveles y riesgos
Bajo este nuevo marco legal, la libertad digital de los jóvenes dependerá estrictamente de su edad. Los niños menores de 13 años quedarán limitados exclusivamente a portales de aprendizaje en línea que carezcan de funciones de chat o comunicación entre usuarios. Por su parte, los adolescentes de entre 13 y 16 años podrán navegar en plataformas consideradas de «riesgo bajo», siempre y cuando cuenten con el consentimiento explícito de sus padres o tutores legales.
Para clasificar estas aplicaciones, el gobierno evaluará factores críticos como la protección de datos personales, la exposición a contenidos violentos o pornográficos, y el potencial de las redes para generar adicción o trastornos de salud. Las empresas tecnológicas que no cumplan con estas directrices se enfrentarán a severas represalias, que van desde sanciones económicas hasta la suspensión definitiva de sus operaciones en el país.
Incertidumbre en el mercado tecnológico y panorama internacional
A pesar de la proximidad de la fecha de aplicación, las autoridades aún no han detallado qué aplicaciones específicas (como TikTok, YouTube o Instagram) serán catalogadas como seguras. Esto genera una gran incertidumbre en un país donde estas plataformas cuentan con millones de usuarios activos. Mientras tanto, Indonesia no está sola en este esfuerzo; Malasia prepara restricciones similares, y en Europa, países como España ya planean elevar la edad mínima a los 16 años, exigiendo además una mayor responsabilidad legal a los directivos de las grandes compañías tecnológicas.
Vía | El Impulso
