El cantante español, Julio Iglesias, demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por «injurias con publicidad y calumnias» al acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». El cantante solicita una indemnización y que la política se retracte de sus declaraciones. De lo contrario, interpondrá una querella criminal.
Según reza la demanda de conciliación, paso previo obligatorio a la querella, el abogado del artista, José Antonio Choclán, insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en la red social Bluesky y solicita que indemnice a su cliente «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso«.
El conflicto se originó cuando la vicepresidenta Díaz publicó el 13 de enero de 2026 un mensaje en el que valoraba la noticia sobre la denuncia realizada por dos extrabajadoras del artista que fue posteriormente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción. «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», escribió.
El letrado de Iglesias sostiene que esa afirmación atenta directamente contra el «honor, buen nombre e imagen» del cantante. Igualmente, la demanda de conciliación recoge que, un día después, el 14 de enero, Díaz fue entrevistada y abundó en el mismo sentido al afirmar que las trabajadoras del cantante «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias«.
«La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», subrayó.
Es de recordar, que el pasado mes de enero, el Ministerio Fiscal decretó el archivo de la denuncia de las extrabajadoras por «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto por la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
Vía Notitarde
