El debate sobre la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina dio un giro decisivo cuando la Corte Suprema del país desestimó una demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), restableciendo así la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), impulsado por el presidente, Javier Milei, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras.
Esta norma, aprobada en 2011, limitaba la posesión de terrenos rurales a compradores foráneos a un máximo del 15 % nacional y fijaba un tope de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas.
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La decisión elimina las restricciones para que cualquier inversor extranjero adquiera campos en el país y coloca a Argentina en una posición atípica dentro de América Latina, donde la tierra suele estar fuertemente regulada por motivos de soberanía territorial, seguridad nacional o protección social campesina e indígena.
Según datos del Observatorio de tierras, la superficie rural de Argentina en manos extranjeras ya supera los 13,3 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Grecia o a la de un cuarto de España. Durante la presidencia de Milei, el Ministerio de Justicia informó que se autorizaron 111 operaciones de compra de tierras por extranjeros.
El Gobierno argentino defiende la derogación de la ley como una forma de atraer inversiones y de facilitar la llegada de capital extranjero al país. Para sus críticos, en cambio, la eliminación de los límites afecta una herramienta destinada a preservar el control nacional sobre un recurso estratégico como la tierra, especialmente en regiones donde se encuentran reservas de agua, bosques, minerales o zonas de frontera.
Vía // DW
