La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ya no deberá pagar una indemnización de 22.300 millones de pesos en el marco de la causa Vialidad, luego de que el juez en lo civil y comercial Marcelo Bruno Dos Santos declarará la caducidad de la demanda civil, tras determinar que Vialidad Nacional no impulsó el expediente en un período de seis meses, lo que llevó al cierre del proceso.
La declaración se produce luego de una solicitud emitida por la defensa de la exmandataria, a cargo de Luis Goldin, quien había pedido la caducidad del proceso argumentando que no se habían producido avances en el expediente desde el 19 de octubre de 2023. Según la defensa de la exmandataria, ese fue el último acto en la causa que permite suspender los plazos procesales. No obstante, el organismo sumó esa resolución al expediente tras la confirmación de la condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Desde Vialidad Nacional trataron de evitar la caducidad con el objetivo de avanzar con el resarcimiento económico, afirmando que «no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia», ya que se sumaron «los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal», adujeron.
Falta de digitalización
El juez Dos Santos, por su parte, sostuvo que la falta de digitalización de un escrito de demanda impidió el avance del proceso. El magistrado concluyó que, descontando la feria judicial de invierno, se cumplió el plazo de seis meses estipulado para la caducidad, ya que no hubo una «actuación con aptitud impulsora del proceso» entre el 17 de marzo y el 18 de septiembre de 2023.
Ante estas acusaciones, movimientos sociales crearon la campaña internacional «Cristina Libre» que cobró fuerza en América Latina, con el objetivo de denunciar lo que se considera una persecución política contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de la ratificación de su condena en la causa Vialidad, la iniciativa buscó movilizar apoyo regional y visibilizar las presuntas irregularidades del proceso judicial.
La campaña difundió material audiovisual y documentos que señalan los vínculos entre jueces y fiscales del caso con el expresidente Mauricio Macri, acusando a este y a Héctor Magnetto, dueño de Clarín, de impulsar un «plan sin pruebas y sin delito». La iniciativa sostuvo que el caso Vialidad es una «farsa y parte de una operación de lawfare», la cual, según sus promotores, representaba una «ruptura del pacto democrático de 1983» al negar el derecho del pueblo a elegir libremente.
Vía Globovisión
