La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que recomendará a los gobiernos de la Unión Europea que prohíban las terapias de conversión para la comunidad LGTBIQ+, si bien descartó proponer legislación vinculante para ello como le pedía una iniciativa ciudadana europea que recabó más de un millón de firmas de ciudadanos de todos los Estados miembro.
«Las terapias de conversión no tienen espacio en nuestra Unión. La UE está orgullosamente al lado de la comunidad LGTBIQ+», dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El Ejecutivo comunitario trabajará en esta recomendación durante los próximos meses con un diálogo con los Estados miembro para compartir experiencias con aquellos que ya tienen prohibiciones similares en marcha, como es el caso de España, con vistas a publicar la recomendación a principios de 2027.
Práctica perjudicial
España es uno de los ocho países de la Unión Europea (junto a Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal), que prohíbe estas prácticas, intervenciones «profundamente perjudiciales» y «que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGTBIQ+ están enfermas», según define la Comisión Europea.
«Estas prácticas, que pueden incluir el abuso verbal, la coacción, el aislamiento, la medicación forzada, las descargas eléctricas y el abuso físico y sexual, carecen de hecho de valor terapéutico, ya que no hay nada que ‘curar’ o ‘suprimir'», incide la Comisión.
En su respuesta a la iniciativa, no obstante, Bruselas optó por no ejercer ninguna de las opciones que la iniciativa legislativa había puesto sobre la mesa, como ampliar la lista de «eurodelitos» o enmendar la directiva del principio de igualdad de trato, que aún están negociando las instituciones europeas.
«Podría presentarse una nueva propuesta (…) si las prácticas de conversión constituyeran una discriminación por motivos de sexo u orientación sexual en el sentido de dicho artículo», señala Bruselas, que no obstante reconoce que no cree que sea «la forma más eficaz de abordar los objetivos» de la campaña por «las dificultades que plantea la adopción por unanimidad en el Consejo».
La competencia legislativa sobre cuestiones de salud y sanidad recae fundamentalmente sobre los gobiernos de los países de la Unión Europea, por lo que la Comisión Europea tiene un margen reducido para actuar en este ámbito, como ya le sucedió con la iniciativa ciudadana europea que pedía a Bruselas crear un fondo para ayudar a las mujeres europeas a ejercer el derecho al aborto.
Vía DW
