México ya se prepara para la ola de deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. Claudia Sheinbaum anunció este jueves que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se desplazó a Estados Unidos para coordinar la respuesta de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense, la red consular más grande en el mundo, y avanzar en el plan para recibir a decenas de miles de inmigrantes.
La presidenta tiene la mirada puesta en los 3.152 kilómetros que separan a ambos países y ha convocado a una reunión con los gobernadores de los seis Estados que colindan con territorio estadounidense para evitar el colapso de la frontera. La mandataria adelantó que buscará llegar a un acuerdo con el presidente electo para que las personas expulsadas de otras nacionalidades sean repatriadas de forma directa a sus países de origen y no tengan que pasar por territorio mexicano.
“Evidentemente, nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función será recibir a las y los mexicanos”, señaló Sheinbaum. Hay más de 11 millones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos y más de cinco millones son de origen mexicano, de acuerdo con el Migration Policy Institute.
La amenaza de Trump de deportar hasta un millón de personas cada año ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas y ha desbordado las dudas sobre la capacidad del país latinoamericano de absorber esa carga y evitar que la frontera se convierta en un cuello de botella. La mayoría de los migrantes repatriados de territorio estadounidense suelen ser devueltos a territorio mexicano, sin importar su nacionalidad, por regla general.
Sheinbaum dijo que existe un acuerdo con la Administración de Joe Biden para enviar a los migrantes de ciertas nacionalidades a sus países de origen y señaló que tratará de negociar para que se mantenga. Varios especialistas y laboratorios de ideas han advertido de que las medidas de mano dura en el control de fronteras tienden a tener efectos contraproducentes, porque las organizaciones criminales capitalizan el cierre de las vías de entrada legal y explotan las rutas ilegales, que entrañan serios peligros para las personas que las toman. Los traficantes cobran miles de dólares a cada migrante por los cruces, ya sea por el río Bravo, la frontera natural entre ambos países, por el desierto o incluso, por mar. Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo que las deportaciones masivas comenzarán en enero, en pleno arranque de la nueva Administración.
Relación bilateral
Algunos especialistas de la relación bilateral han puesto en duda la capacidad de Estados Unidos de deportar a un millón de personas, aunque el nuevo equilibrio político en Estados Unidos, donde los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso y la distribución de los recursos públicos, puede traducirse en la expulsión de cientos de miles cada año. Anticipan también que la Administración de Trump buscará dar golpes de efecto, como redadas masivas, la insistencia en ampliar el muro, restricciones para solicitar el asilo y leyes para dar pie a una persecución más dura y actos de discriminación contra los indocumentados en territorio estadounidense. Todas son acciones que preocupan a las autoridades mexicanas.
La presidenta anunció desde el primer día de su mandato, el pasado 1 de octubre, que la asistencia consular a los mexicanos en Estados Unidos será una de sus máximas prioridades. Sheinbaum ha pedido a De la Fuente que se desplace al terreno para coordinar la estrategia y el canciller ya tiene en agenda una reunión con más de una decena de cónsules, casi todos de Texas, el corazón de las políticas antimigrantes de Trump. En su primera visita de trabajo en territorio estadounidense, el titular de Exteriores también intentará fortalecer una coalición de aliados para la causa mexicana, como organizaciones civiles que prestan atención jurídica gratuita a la diáspora latina y empresas que abogan por mejorar las condiciones laborales de los migrantes hispanos. El secretario tiene previsto también una sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para garantizar que las personas expulsadas sean procesadas de forma digna y en respeto a los derechos humanos.
Vía El País.
