El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó formalmente este viernes a las autoridades israelíes la retirada inmediata de los proyectos de ley que buscan introducir la pena de muerte obligatoria.
La preocupación radica en que estas medidas se aplicarían exclusivamente a ciudadanos palestinos bajo determinadas circunstancias, tanto en Israel como en el Territorio Palestino Ocupado.
Volker Türk, titular del organismo, señaló que las propuestas debatidas en la Knéset (el Parlamento israelí) no solo reducen el umbral para la aplicación de la pena capital, sino que presentan un carácter profundamente discriminatorio.
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Vulneración del derecho internacional
Según el informe técnico de la oficina de Türk, estas iniciativas legislativas plantean riesgos críticos para el sistema de justicia, entre los que destacan:
- Violación del Debido Proceso: Las leyes reducirían las garantías judiciales necesarias para un juicio justo.
- Contravención de Pactos Internacionales: Las propuestas chocan con las obligaciones de Israel bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Sentencias Obligatorias: Al eliminar la discrecionalidad de los tribunales, se vulnera directamente el derecho a la vida y la posibilidad de revisión de casos.
Postura de las Naciones Unidas
El Alto Comisionado fue enfático al recordar la posición institucional de la organización respecto a este castigo:
“Cuando se trata de la pena de muerte, las Naciones Unidas son muy claras y se oponen a ella en todas las circunstancias. Es profundamente difícil conciliar este castigo con la dignidad humana y conlleva el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, afirmó Türk.
Finalmente, el organismo recordó que la introducción de sentencias capitales obligatorias es incompatible con los estándares modernos de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, instando al diálogo y a la observancia de los tratados suscritos por el Estado israelí.
Con información de Versión Final
