El Gobierno concede al diplomático mexicano, Pablo Monroy, 72 horas para abandonar la embajada andina
Perú concedió el martes un permiso para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse en asilo a México, pero declaró «persona non grata» al embajador de ese país, Pablo Monroy Conesa, y le pidió irse, al considerar que su gobierno se inmiscuyó en asuntos internos.
La decisión de Lima responde a «las reiteradas expresiones» de México «sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos», dijo el martes la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi.
La cancillería informó además que otorgará salvoconductos a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad para que puedan viajar a México como asilados, porque así lo disponen las convenciones internacionales.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este martes que «concedió asilo diplomático» a la familia del destituido expresidente peruano y dijo que ellos ya se encontraban al interior de su embajada en Lima.
La cancillería peruana resaltó que en su país «no existe persecución política», y recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada por la fiscalía por presunta corrupción en un caso que involucra a su esposo.
Advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición, si la justicia lo dispone.
Por su parte, el canciller mexicano consideró en Twitter que la decisión peruana es «infundada y reprobable».
«La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición», agregó Ebrard.
Su despacho ordenó el regreso de su embajador y, en un comunicado, la cancillería mexicana dijo que «cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores».
A cargo de su misión diplomática quedó la primera secretaria de la embajada, Karla Ornelas.
Los lazos entre Perú y México empezaron a resquebrajarse cuando a fines de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por Castillo, arremetiendo contra los intentos del Congreso de destituirlo del cargo.
Además de México, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia también habían mostrado su respaldo a Castillo, pese al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Ello llevó al Perú a llamar a consulta a sus embajadores en esos países.
Tras su intento de autogolpe de Estado, Castillo, un maestro rural de izquierda y alejado de las élites peruanas, fue destituido y posteriormente detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo.
En su remplazo asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta masivas protestas que dejan al menos 21 fallecidos y 650 heridos, pidiendo su salida.
Como una salida a la crisis, este martes el Congreso adelantó las elecciones generales de 2026 a abril de 2024.
Con información de El Universal
