Un decreto supremo publicado por el Ministerio de Salud de Perú abrió heridas en el colectivo LGTBI, al incluir la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como enfermedades mentales en el último Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), lo que provocó este miércoles la reacción de activistas y algunas voces políticas.
«Haber incorporado a estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales y por tanto ha merecido el rechazo de la institución», dijo a EFE la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez.
El viernes 10 de mayo, el Ministerio de Salud publicó la actualización del PEAS en la que se incluyó el «transexualismo, el transvestismo de rol dual y el trastorno de la identidad de género en la niñez» como enfermedades de salud mental.
En un comunicado que la misma institución difundió dos días después, tras el pronunciamiento de organizaciones, aclaró que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos y explicó que había actualizado el PEAS «para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental», ya que este listado es el que todas las aseguradoras deben cumplir.
Subrayó que el CIE-10 (la clasificación internacional de enfermedades) se mantiene vigente en Perú, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región y que entró en vigor el 1 de enero de 2022 de manera oficial.
En este sentido, Chávez indicó que están «absolutamente en contra» de esta clasificación porque no responde al compromiso que tiene el país de avanzar en las definiciones de la CIE-11 «que justamente aborda los temas de salud sexual y reproductiva fuera del campo de la patologización».
«Además abre las puertas a acciones o actividades que han sido totalmente prescritas como el asunto de las terapias de conversión», añadió la activista al afirmar que desde su organización exigen al Estado que elimine este decreto.
Voces políticas en contra
algunos congresistas progresistas han expresado su desacuerdo y solicitaron al Ejecutivo derogar el decreto, puesto que «refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans», como indicó la parlamentaria Susel Paredes.
«El Gobierno de Boluarte emite una norma inconstitucional y vergonzosa que califica la transexualidad y en general la identidad de género como enfermedades mentales. Esto es inaudito y por eso he pedido públicamente a la presidenta de la República que esta norma sea derogada de inmediato. No podemos seguir retrocediendo», indicó a EFE Flor Pablo, congresista independiente.
Agregó que el país andino cuenta con un Gobierno y Congreso «liderado por fuerzas políticas de extrema izquierda y derecha, vinculadas a organizaciones religiosas fundamentalistas y homofóbicas, que se han unido para reducir derechos y eliminar políticas públicas que se venían implementando hace más de una década».
Recordó que el Legislativo ha aprobado recientemente leyes que suprimen el lenguaje inclusivo, limitan en los colegios la difusión de contenidos de educación sexual integral y han impulsado una ley que suprime la paridad y alternancia para las próximas elecciones.
Cortesía 800Noticias.
