El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró hoy el estado de conmoción interior y de emergencia económica debido a la situación de violencia que atraviesa la región del Catatumbo, en el noreste del país.
El mandatario participó durante esta jornada en un Consejo de Paz y Seguridad, tras lo cual informó sobre la decisión, tomada por la emergencia humanitaria existente en la zona en la que tienen lugar combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, un grupo residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo.
Petro hizo el anuncio en su cuenta de la red social X, donde añadió que espera el apoyo del poder judicial.
Estado de conmoción interior
De acuerdo con la Constitución colombiana, el estado de conmoción interior es un mecanismo empleado en caso de una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional.
Su duración no puede exceder los 90 días, pero puede ser prorrogada por nueve meses.
Durante el tiempo que dure la declaratoria, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, según consigna la carta magna.
También pueden expedirse decretos para suspender la aplicación de las leyes incompatibles con el estado en cuestión, que dejarían de estar vigentes en seguida que se declare restablecido el orden público.
Aclara la Constitución que en ningún caso se interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder ni de los órganos del Estado y que todas las normas emitidas por el presidente serán revisadas por la Corte Constitucional.
En tanto, la emergencia económica es un instrumento diseñado para ser usado por el Gobierno ante una situación que se aparte del orden normal.
Una vez declarado ese estado, el presidente puede gobernar por periodos de 30 días, sin exceder los 90, expidiendo decretos con fuerza de ley.
La situación de orden público en El Catatumbo se deteriora por día y, de acuerdo con datos oficiales, los muertos ascienden ya a 80, en tanto los desplazados suman más de 11 mil.
Ambas declaratorias deben ser revisadas aún por la Corte Constitucional según lo dicta la legislación vigente.
Vía Últimas Noticias
