Corría el mes de febrero de 1989 cuando Carlos Andrés Pérez planteó «El Paquetazo», una serie de medidas económicas de corte neoliberal que el pueblo de Venezuela no vio con buenos ojos su ejecución y se desataron una serie de disturbios en varios estados del país con secuelas muy lamentables.
Hace 35 años Venezuela vivió una explosión social que aún es recordada por todos. En su momento fue llamada «El Sacudón», luego «El Caracazo» y más tarde, cuando se corroboró el exceso de fuerza utilizado por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, «La Masacre del Caracazo». Fue en el segundo mes del año 1989, exactamente el 27 de febrero, pero se extendió hasta mediados de marzo.
Las cifras oficiales reportan 276 muertos, pero luego de la aparición de fosas comunes en el Cementerio General del Sur, algunos informes extraoficiales estiman más de 3.000 fallecidos. En la actualidad hay familiares que no saben el paradero de los cuerpos, o en este caso, dónde reposan las osamentas de sus seres queridos.
Los hechos
La historia señala que el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas de los estratos populares iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo.
Dichos disturbios se propagaron después a otras zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, Catia, Coche y El Silencio. Además de La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, Maracaibo y las zonas adyacentes a los terminales de transportes.
Según la reseña de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las protestas consistieron en la quema de vehículos destinados al transporte urbano, el saqueo y la destrucción de locales comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas.
Parte del extracto de esa sentencia indica que «el control de la situación se encomendó a fuerzas militares, para lo cual se trajeron del interior del país, aproximadamente nueve mil efectivos. Dichas fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 18 años reclutados en febrero de 1989». Es decir que tenían poca experiencia «y fueron equipados con armas de asalto (FAL o Fusil Automático Ligero, 7.62mm) para controlar la población civil y vehículos blindados AMX-13. Sin contar que una buena parte de la Policía Metropolitana estaba en huelga por los bajos sueldos que percibían y era la que debía salir a contener a los manifestantes».
«El 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la Constitución venezolana de la época (1961): libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64); libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115)», dice parte del texto.
Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989. Las Fuerzas Armadas de Venezuela durante los 23 días, que duró la suspensión de garantías y, particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989, tuvieron el control del territorio y de la población. También dispusieron para los primeros días un toque de queda que obligaba a la personas a permanecer en sus casas entre las 6 p.m. y 6 a.m. Durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos para reprimir los actos violentos.
El resultado ya se sabe: ejecuciones extrajudiciales, violación de los derechos humanos, a la integridad física, a los hogares y más muerte que orden.
Consecuencias legales
Según algunos reportes y textos en la red, en Venezuela no hubo consecuencias jurídicas relevantes de tipo penal, civil, o políticas por estos hechos que se mantuvieron en la impunidad desde 1989 hasta 1998.
El expresidente Carlos Andrés Pérez buscó y ganó en 1998 un curul en el senado para evadir las consecuencias jurídicas de los hechos por los que había sido destituido, ninguno de ellos, referidos al «Caracazo».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del Gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.
En agosto de 2009, el exministro de Defensa, Italo del Valle Alliegro, fue imputado en relación con el Caracazo. En julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó una sentencia del tribunal de apelación que había declarado el caso prescrito.
En septiembre de 2009, la Fiscalía General de Venezuela, encabezada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, solicitó a Interpol una orden de captura internacional contra Carlos Andrés Pérez, entonces exiliado en Estados Unidos.
Con información de Agencias / Globovisión
