El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en secreto una directiva para que el Pentágono pueda usar a las fuerzas armadas en el combate a cárteles de América Latina.
La orden secreta que se filtró al New York Time, proporciona una base oficial para que se realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, operaciones que resultan ilegales y son una violación flagrante a la soberanía nacional de los países donde piensan actuar.
El ejército de Estados Unidos analiza si puede considerar como un “asesinato” que las fuerzas armadas de EE. UU. actúen por fuera de conflictos armados y maten a civiles sospechosos de haber cometido delitos y que no representen una amenaza inminente.
El informe agrega que EE.UU. ya realizó en el pasado operaciones militares en otros países relacionadas con el combate al narcotráfico, pero siempre se llevaron a cabo como parte de acuerdos para apoyar a autoridades locales.
A largo plazo, fortalecería la estrategia de Trump para utilizar al Ejército de una manera más agresiva para consolidar sus políticas en materia de seguridad.
El pasado 20 de enero, Trump ya desplegó la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera con México con el pretexto de frenar el tráfico de drogas y de inmigrantes.
La medida, la más agresiva hasta ahora en la campaña de su gobierno contra el narcotráfico, marca un cambio sustancial: el gobierno traslada a las Fuerzas Armadas una tarea que históricamente han asumido las agencias policiales.
Calificaciones indiscriminadas
Con la excusa de combatir el narcotráfico, Estados Unidos se arroga el derecho de decidir qué organizaciones califica como terroristas.
En enero, ordenó al Departamento de Estado catalogar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo al Tren de Aragua, la MS-13 y otras, alegando que representan “una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional”.
Hace dos semanas, su administración agregó al Cártel de los Soles a la lista de grupos terroristas globales, acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderarlo. El jueves, los Departamentos de Justicia y Estado anunciaron que la recompensa se duplicaría a 50 millones de dólares. “No escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”, dijo la fiscal general Pam Bondi. La respuesta del Gobierno de la República Bolivariana no se hizo esperar.
Durante los primeros meses de la administración Trump, se designaron a los primeros cárteles como grupos terroristas. En México, destacan el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.
Históricamente, las operaciones militares en Latinoamérica contra el narcotráfico se han presentado como apoyo a la policía local, con limitaciones legales. En 1989, la invasión a Panamá para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, fue condenada por la ONU como “una flagrante violación del derecho internacional”.
La nueva directiva plantea un enfoque más agresivo: capturar o eliminar directamente a personas vinculadas con el narcotráfico. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. No obstante, los especialistas subrayan que la designación como “terroristas” no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal.
Actitud soberana
Durante su primer mandato, Trump llegó a proponer bombardear laboratorios en México, idea rechazada por el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, y que generó tensión diplomática con el gobierno azteca.
Ante la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de autorizar el uso de las fuerzas armadas para enfrentar a los cárteles de la droga, la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum afirmó que “es una decisión que solo será aplicable dentro del territorio estadounidense“, y agregó : “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos pero no van a venir. Eso está absolutamente descartado, lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido ni es parte de ningún acuerdo.
Cuando lo han planteado, siempre hemos respondido que no. Incluso, nos informaron que venía esta orden ejecutiva y aclararon que no tenía que ver con nuestro territorio.
Las agencias extranjeras están muy reguladas en este país, vamos a ver cómo está la orden ejecutiva pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio “
Vía Telesur
