Las deportaciones a terceros países desde Estados Unidos se concretan tras varios acuerdos diplomáticos de la administración Trump. Con la autorización de Ruanda, anunciada el martes, ya son tres los países africanos que aceptan recibir a los expulsados, después de que Sudán del Sur y Esuatini lo hicieran.
De acuerdo con El País de España, a estos se suman otros seis países, principalmente de Latinoamérica, que han llegado a algún acuerdo con la Administración Trump para acoger a detenidos que no son sus ciudadanos en el marco de la que el presidente llama “la mayor deportación de la historia”.
“Está muy claro que hay un esfuerzo concertado por parte del Gobierno de Estados Unidos para aumentar lo más posible los lugares y las localizaciones a donde pueden deportar personas”, afirma Nicolas Palazzo, asesor de política de la organización de defensa de los refugiados HIAS citado por el diario español.
El Gobierno asegura que son países seguros, pero conflictos internos y denuncias de organizaciones de derechos humanos, incluso informes del propio Departamento de Estado, revelan otra realidad. Torturas, desapariciones, abusos y represión son algunas de las acusaciones sobre los países donde se enviarán a los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.
“No solo no son países seguros, sino que no brindan las protecciones procesales necesarias para las personas que huyen de la persecución o de la tortura, según el derecho internacional”, explica Palazzo.
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