La administración del presidente Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando el levantamiento de la orden de emergencia que, durante la madrugada, suspendió temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos hacia el Salvador.
La solicitud fue firmada por el procurador general Jhon Sauer y busca que el máximo tribunal del país autorice la reactivación de los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, al tiempo que permite a los tribunales menor instancia continuar el tratamiento del caso.
La intervención de la Corte Suprema se produjo tras un recurso presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que alertó sobre un traslado «inminente» de venezolanos detenidos en un centro migratorio en Texas hacia el Salvador, a pesar de una orden judicial que exige darles tiempo para defenderse legalmente.
Ley de Enemigos Extranjeros de 1789
El Gobierno de Trump ha justificado estas deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, un estatuto poco utilizado y reservado históricamente para contextos de guerra, argumentando que los migrantes forman parte del Tren de Aragua, organización criminal venezolana designada recientemente como grupo terrorista por Washington.
El uso de esta ley ha generado fuerte debate legal político. Mientras la Casa Blanca defiende su aplicación como una medida de seguridad nacional, juristas y legisladores opositores advierten sobre una posible violación constitucional y la instauración de un precedente peligroso.
El recurso gubernamental califica la acción de ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) como «prematura», al haber sido elevada directamente a la Corte Suprema sin agotar antes los procedimientos en tribunales inferiores. Además asegura que los migrantes fueron notificados con antelación sobre su traslado y que la administración no está haciendo uso directo de la Ley de Enemigos Extranjeros para las expulsiones.
Centro migratorio Bluebonnet
Sin embargo, documentos presentados por ACLU y confirmados por el propio gobierno indican que los detenidos en el centro migratorio Bluebonnet, en Texas, recibieron notificaciones escritas en inglés sobre su inminente deportación bajo en ese marco legal, a pesar de que varios de ellos no dominan el idioma.
Los traslados al Salvador forman parte de un acuerdo confidencial entre Washington y el presidente Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos se compromete a pagar 6$ millones de dólares anuales a cambio de alojamiento de los migrantres en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, una prisión de alta seguridad conocida por sus condiciones severas y acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Desde marzo, más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, han sido trasladados a prisión. Aunque la administración de Trump sostiene que todos tienen vínculos con grupos delictivos, una reciente investigación de Bloomberg señala que el 90% de ellos no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
Vía Globovisión
