Este viernes, el Gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema estadounidense intervenir en la batalla legal que mantiene con un tribunal federal sobre la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, que permitió la deportación bajo controversia de 238 migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador, acusados falsamente de integrar la extinta banda criminal del Tren de Aragua.
La apelación de emergencia solicita a los jueces de la Corte Suprema revocar una orden del juez federal de distrito James Boasberg, que bloquea nuevas deportaciones bajo el mencionado instrumento legal que data de 1798.
“Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial”, declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema, citada por medios internacionales.
La administración Trump señala que la decisión del 15 de marzo del juez Boasberg, cuando los migrantes venezolanos estaban rumbo a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, suspende la agenda del presidente y permite que tribunales inferiores pongan obstáculos al Ejecutivo.
Batalla legal
Desde la semana pasada, el juez federal se comprometió a determinar si el Gobierno ignoró su orden de regresar a las personas deportadas, mientras que la Administración republicana invocó el “privilegio de secreto de Estado” y se negó a proporcionarle al magistrado los detalles de las deportaciones, puesto que nunca se comprobó que los migrantes fueran miembros de la pandilla o criminales.
Por consiguiente, Trump y sus aliados pidieron enjuiciar a Boasberg, a lo que respondió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que este mecanismo “no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Por su parte, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que se encontraban detenidos en Texas.
Lee Gelernt, abogada representante, instó al Supremo estadounidense “a que mantenga el statu quo para que los tribunales tengan tiempo de atender este caso” y así lograr que “más personas no sean enviadas a una prisión extranjera de mala reputación sin proceso alguno, basándose en un uso ilegal y sin precedentes de una autoridad en tiempos de guerra”.
Con información de Últimas Noticias
