El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, informó que hasta un 78 % de las armas confiscadas a la delincuencia organizada provienen de Estados Unidos. Estos datos surgen de un recuento de 16 meses realizado por el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Durante la actual administración, incautaron aproximadamente 18 mil armas, de las cuales la gran mayoría fueron adquiridas legalmente en armerías de Arizona, California y Texas para ser traficadas ilícitamente hacia territorio mexicano.
El jefe castrense destacó la presencia de armamento altamente letal utilizado contra unidades blindadas, incluido el decomiso de 215 fusiles tipo Barrett calibre .50; 273 ametralladoras de diversos calibres; 20 lanzagranadas calibre 40 y 13 lanzacohetes.
Trevilla precisó que, desde 2012, se aseguraron 137 mil cartuchos de munición calibre 50, de los cuales el 47 % fue producido en Lake City Army Ammunition Plant, de Kansas City, para luego ser comercializado en armerías del sur de EE. UU. Esta planta industrial estadounidense es el mayor fabricante de cartuchos de rifle para las fuerzas armadas angloamericanas.
Estos pertrechos permiten a los carteles derribar helicópteros y asesinar a civiles y policías. Ante esta realidad, México, que estima la existencia de 13 millones de armas sin registrar en su territorio, equivalente a una por cada diez habitantes, mantiene demandas judiciales en cortes estadounidenses contra las empresas armadoras por su responsabilidad en la violencia.
Pese a que un portavoz militar de EE. UU. justificó las ventas comerciales de la planta como un ahorro de 50 millones de dólares anuales para los contribuyentes, minoristas en línea admitieron comportamientos de compra irregulares que sugieren el desvío masivo de estos suministros hacia México, donde la demanda de los grupos delictivos es insaciable frente al reducido mercado civil estadounidense para este tipo de munición.
Ante esta situación, México intentó buscar justicia mediante una demanda de 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armas, al acusarles de fomentar la violencia y causar perjuicios económicos al Estado. Sin embargo, en junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que el Gobierno mexicano no puede demandar a estas empresas, y se amparó en legislaciones que las eximen de responsabilidad.
Vía VTV
