La Fiscalía de Uruguay imputó a la médica María Laura Pagliotti por la presunta usurpación de título profesional, luego de que una investigación revelara que ejerció la cardiología y realizó procedimientos especializados durante dos décadas sin contar con el grado académico aprobado. Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió un expediente administrativo para determinar el alcance de sus funciones.
El caso salió a la luz tras una investigación del periodista Leonardo Haberkorn para el medio local El Observador. Según la documentación oficial, Pagliotti se graduó como médica general en el año 2000 e inició su posgrado en cardiología en 2005; sin embargo, nunca completó la especialización, lo que la inhabilita legalmente para ejercer como cardióloga.
Consultas especializadas y un posgrado de 21 años
A pesar de no contar con la certificación legal, el expediente detalla que la profesional trabaja y preside un centro privado de atención integral en el departamento de Treinta y Tres, ubicado al centro-este de Uruguay.
En dicho centro médico, Pagliotti presuntamente realizaba:
- Consultas médicas especializadas.
- Atención directa a pacientes cardiológicos.
- Procedimientos complejos y cirugías sin el aval correspondiente.
La médica acumula 21 años inscrita en el posgrado de cardiología, una situación irregular dado que las normativas prohíben taxativamente ejercer la especialidad hasta que no se expida el título universitario.
Estudios inconclusos: Plazos vencidos desde 2022
El reportaje periodístico detalla que en el año 2018, Pagliotti intentó regularizar su situación académica volviéndose a inscribir en la universidad, debido a que todavía tenía pendientes los siguientes requisitos esenciales:
- Cursar un semestre de Policlínica Cardiológica.
- Entregar los trabajos escritos de primer y segundo año.
- Presentar una monografía de grado.
- Aprobar la prueba final de la especialidad.
En 2018, las autoridades universitarias le otorgaron un plazo de tres años (prorrogable a uno más) para rendir la prueba final y ponerse al día. Este período venció definitivamente en 2022 sin que la imputada completara los requisitos, lo que desencadenó las acciones de la Fiscalía y las autoridades sanitarias uruguayas.
Con información de VTV
