
La Justicia argentina actualizó de 68 a 76 el número de víctimas fatales por uso médico de fentanilo contaminado en distintos hospitales del país, según expresó este domingo el juez Ernesto Kreplak, que investiga los casos mortales, que podrían seguir en aumento.
Kreplak, magistrado de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, brindó una entrevista radial en la que dijo que en el transcurso de la última semana fue posible confirmar la muerte de otros ocho pacientes en unidades de cuidados intensivos de centros de salud del país que recibieron dosis del potente opiáceo sintético, usado como analgésico para tratar dolores intensos y anestésico.
El juez definió el caso como un «problema sanitario serio» y agregó que ya lograron rastrear la mayoría de las 154 mil ampollas contaminadas, pero diversos fallos de origen en la trazabilidad del medicamento provocan que todavía sea difícil saber a quiénes les aplicaron las ampollas.
Fallecimientos
La investigación sobre estos fallecimientos, inicialmente atribuidos a paros cardiorrespiratorios, reveló la presencia de las bacterias multiresistentes Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas de fentanilo.
Según Kreplak, la Justicia encontró el modo de relevar los casos hasta ahora no denunciados y calculó hasta qué cifra podría llegar el daño causado por el medicamento: «Desde el comienzo ya estábamos pensando en más de 100 víctimas», dijo.
La Justicia de la ciudad de La Plata intenta determinar el grado de responsabilidad de empleados y directivos de HLB Pharma Group, el laboratorio que produjo los lotes de fentanilo contaminado.
La investigación judicial ha revelado «un entramado societario complejo que abarca numerosas actividades comerciales –muchas de ellas no relacionadas entre sí- y que, a esta altura del proceso, permiten suponer el despliegue de maniobras tendientes a evadir y/u ocultar posibles conductas ilícitas», detalla el dictamen que inhibió de sus bienes a los investigados.
El entramado societario identificado se teje alrededor de las firmas que elaboraron, comercializaron y distribuyeron el producto; y de su principal titular, Ariel García Furfaro. En total, son nueve las firmas involucradas.
En paralelo, Ministerio de Seguridad de Argentina presentó el 3 de agosto una denuncia penal contra HLB Pharma Group por entregar un presunto certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) con el objetivo de renovar la habilitación de la empresa para importar opiáceos, según informaron medios locales.
El motivo de la denuncia fue una irregularidad en el domicilio que figura en el certificado de habilitación municipal que la empresa le entregó al Ministerio de Seguridad para poder ingresar opiáceos al país, según informaron medios locales.
Vía Globovisión