Residentes del sector La Pica, ubicado en la parroquia homónima del municipio Maturín, denunciaron una ola de inseguridad facilitada por los racionamientos eléctricos. Durante el mes de agosto contabilizan, al menos, 15 robos de cables de luz e internet, sustraídos durante los apagones.
Los afectados señalan que grupos delictivos operan bajo la impunidad de las fallas del servicio para cortar las líneas de acometida que van desde los postes hasta los techos y patios de las casas.
«Cada vez que se va la luz, cortan los cables de las viviendas. En mi casa ya cumplimos un mes con la acometida picada y sin poder encender ni los aires acondicionados. Es una situación repetida en varias calles», manifestó Yuleinnis Mayo, vecina de la comunidad.
Habitantes de la zona atribuyen este repunte delictivo a la llegada de personas foráneas que han tomado inmuebles en calidad de inquilinos.
Aseguran que se trata de azotes locales que actúan sin distinción, afectando incluso a funcionarios de los organismos de seguridad que residen en la parroquia.







Falta de respuesta oficial
La indignación comunitaria se centra en la inoperatividad de los mecanismos de patrullaje preventivo. Las denuncias formales que han interpuesto los familiares ante los cuerpos policiales no han derivado en detenciones ni en el despliegue de operativos en la zona.
Carlos Idrogo, vocero del sector, se quejó de la inacción oficial tras los constantes hurtos dentro de las propiedades.
«Se meten a los patios y hacen desastre. Hace tres días robaron a una vecina, la señora puso la denuncia y todo quedó en nada, como si no hubiera pasado nada», recriminó.
Asimismo, cuestionó la efectividad de los planes de patrullaje en el municipio. «Los Cuadrantes de Paz no están funcionando; cada vez que los llamamos no acuden. Tampoco hemos recibido respuesta efectiva de la Policial del Estado Monagas (Polimonagas) ni de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)».
Ante el incremento delictivo y el riesgo inminente de un conflicto mayor entre la comunidad y los delincuentes, los vecinos hicieron un llamado de emergencia a la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para que intervengan la parroquia.
Fotos / Arialex Brazón